MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA ATENTA CONTRA EL RECURSO HÍDRICO

Mediante el voto 09-012437 del 11 de agosto del 2009 la Sala Constitucional ordena suspender varios permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia por no contar con evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas, omisión que atenta contra el agua que consumen más del 80% de habitantes del Valle Central de Costa Rica.

La Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, accionó contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia porque esta institución además de no darle información sobre varios proyectos que se estaban desarrollando en el cantón, omitió exigir las evaluaciones exhaustivas, hidrogeológicas, hidráulicas, hidrológicas y estudios de impacto ambiental para los fraccionamientos y proyectos constructivos; evaluaciones que deben estar revisados y avalados por instituciones como SENARA, SETENA, AYA y el INVU, para sí tenerse la certeza que no se este impactando negativamente los recurso hídricos.

La Sala determina la lesión al artículo 50 de la Constitución Política que tutela el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por constatar que la Municipalidad de San Rafael de Heredia ha permitido construcciones, lotificaciones y fraccionamientos en una zona de alta y media vulnerabilidad hidrogeológica; sin realizar las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental, obligación que se deriva del decreto municipal de Delimitación de las Zonas de Protección Acuífera de las Microcuencas de Heredia y del Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica.

La Sala Cuarta llego a darle razón a la asociación accionante en cuanto a que la falta de los requisitos para las lotificaciones, fraccionamientos y construcciones repercute directamente en el ambiente al poner en peligro los recursos hídricos, por lo declaró con lugar el recurso por lesión al artículo 50 de la Constitución Política y ordenó suspender todos los permisos de construcción otorgados por la Municipalidad de San Rafael de Heredia discutidos en el recurso de amparo hasta tanto no se realicen las evaluaciones exhaustivas hidrogeológicas, hidráulicas, hidrogeológicas, y estudios de impacto ambiental.

Ordenó el tribunal constitucional a Alberto Vargas Esquivel, Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a Amable Corrales Valverde, Presidenta del Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, bajo pena de desobediencia que en el término improrrogable de ocho días contado a partir de la notificación de esta sentencia, respondan y comuniquen las gestiones presentadas por el recurrente el dieciocho de junio del dos mil siete, el cuatro de abril del dos mil ocho, el treinta de junio del dos mil ocho, treinta de julio del dos mil ocho y el once de agosto del dos mil ocho además al pago de las costas, daños y perjuicios causados.

COMUNIDADES PIDEN A EUROPEOS AMPLIAR INVESTIGACIÓN SOBRE LA PIÑA

Las comunidades afectadas por los cultivos de piña en el Caribe y la Zona Norte, tuvieron que jugar de “investigadores” para poder interceptar a la Misión DG-SANCO (Dirección General de Inocuidad de Alimentos y Protección al Consumidor) de la Unión Europea, que estuvo la semana en el país inspeccionado fincas productoras de frutas y vegetales.


Representantes de Villa Franca y Cartagena de Guácimo, de Milano en Siquirres y Pital de San Carlos, se mantuvieron alertas a cualquier movimiento en sus comunidades que revelara la presencia de los europeos.

Pero no fue sino hasta el último día, cuando lograron entregar a los europeos sus documentos de denuncia sobre lo que el mal manejo en el cultivo de la piña ha hecho con el ambiente y el agua en los sitios donde residen.

“LOS ESTAN ESCONDIENDO”

El pasado 13 de octubre, las comunidades que se agrupan en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP), se reunieron en Guácimo, pues según la agenda entregada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los europeos visitarían fincas piñeras en esa zona.

Sin embargo, los visitantes no aparecieron por ningún lado, y los molestos representantes se dirigieron a la oficina del MAG en Guápiles para protestar, pues consideraban que este ministerio les “escondió” a la comisión.

“Lo que quisiéramos decirle a la Unión Europea es que las comunidades y pequeños productores están sufriendo el impacto de la explotación piñera. Quisiéramos tener voz y expresar lo que estamos sintiendo; se nos ha dicho que ya llegaron nuestras cartas a Europa y nada nos responden”, expresó Carlos Arguedas, de Siquirres.

“Hoy no nos queda más que decirle a la UE, a los productores de piña y al gobierno de Costa Rica, que si no somos oídos, tendremos que hacernos oír por otros medios; por eso hoy vinimos a manifestarnos. Necesitamos que oigan la voz de quienes tienen dos años y medio de tomar agua contaminada”, añadió Arguedas.

Tras la breve manifestación, los afectados por la actividad piñera salieron en busca de la Comisión hacia la zona de Río Jiménez, en Guácimo; pero tampoco hallaron ahí a los inspectores.

El último día de la visita un grupo de pequeños ganaderos y representantes de organizaciones ambientalistas, ubicaron a la comisión europea en las oficinas del Servicio Fitosanitario en Barreal de Heredia.

Gabriela Cuadrado, abogada del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) e integrante de FRENASAPP, aseguró a UNIVERSIDAD que tuvieron que conversar con los europeos “sin permiso” de las autoridades de MAG.
Los representantes de DG-SANCO les indicaron que su labor en el país era determinar si había más presencia de agroquímicos en las frutas y verduras que se exportan a Europa, pero que remitirían los documentos entregados a las organizaciones correspondientes.

“Nosotros les indicamos que podíamos entender su trabajo acá, pero que es necesario que la Unión Europea realice una investigación más integral. Ellos no están preocupados por la presencia de los químicos en el suelo o el agua que toma la gente; pero creemos que sí debería importarles lo que sucede”, afirmó Cuadrado.

Según la activista, la directora del SEFITO, Ana Gabriela Zúñiga, trató de impedir que los europeos escucharan las denuncias; pero los visitantes mantuvieron el interés por la problemática que se les estaban exponiendo.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de Ana Gabriela Zúñiga, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarla en su oficina, ni por medio del departamento de prensa.

Entre los documentos citados, estaban varios análisis de aguas y suelos realizados por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) en zonas cercanas a las piñeras; denuncias penales de organizaciones contra algunas fincas productoras, fotografías de los incumplimientos y la deforestación en algunas zonas y testimonios de las comunidades afectadas.

Cuadrado reclamó el hecho de que el MAG solo permitiera que los productores entregaran su versión a los inspectores, mientras comunidades que no pueden tomar agua potable desde hace dos años y medio, debieron “perseguirlos” para exponer sus problemas.

TODO SIGUE IGUAL

UNIVERSIDAD conversó con los representantes de algunas poblaciones para consultarles sobre sus conflictos con las piñeras, los cuales hemos difundido en ediciones anteriores.

Álvaro Álvarez, ganadero de San Carlos, afirmó que el problema con la producción mosca paletera en las fincas piñeras sigue igual, sin que logren que el MAG o el Servicio Nacional de Seguridad Animal (SENASA) hagan cumplir la normativa en este punto.

De acuerdo con Álvarez, aún se trabaja en la redacción de la demanda que presentará la Cámara de Ganaderos de San Carlos contra el Estado, por no mantener a raya a las piñeras en el daño que causa la mosca.

Víctor Guzmán, ganadero de Cartagena de Guácimo, aseguró que ya ha perdido siete vacas y tres terneros que murieron acosados por las moscas salidas de una piñera colindante con su propiedad.

“No se puede ni ordeñar a las pobres vacas, porque no aguantan las moscas. Tengo un perro que ya tiene pelada media oreja y las moscas no lo dejan en paz, voy a tener que regalarlo. Es una situación lamentable, porque cada día me empobrezco más, mientras la empresa aumenta sus ganancias”, afirmó Guzmán.

Aunque padece de cáncer en los huesos, Guzmán ha tenido que ir a pedirle a la compañía piñera que le dé los plásticos y la sustancia para hacer las trampas que atrapan moscas; y colocarlas él en su propiedad para dar alivio a sus animales.

Xinia Briceño, quien preside el acueducto de Milano de Siquirres, donde la comunidad aún debe beber agua transportada por cisternas, aseguró que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) ya les presentó los planos para el proyecto del nuevo acueducto.

“Tiene un costo de ¢182 millones; y en el AYA dicen que la plata está, pero que nosotros tenemos que tramitar los permisos y para eso se requiere una plata que no tenemos. El IMAS nos ha ofrecido comprar el terreno de la naciente; pero igual, sin dinero para los permisos, nada podemos hacer”, afirmó Briceño.

Martín Chavarría, ganadero de Villafranca de Guácimo, fue quien denunció a la finca Sebastopol, la cual fue cerrada por el SENASA durante tres días. Pero tras el breve castigo, Chavarría afirma que la empresa cumple “a medias” con las indicaciones de las autoridades, y sigue generando mosca.

“Han corregido a medias lo que se les ordenó. Colocan las trampas con un nuevo producto que casi no atrapa las moscas; y la forma en que tratan el restrojo de la piña, aún produce insectos”, denunció Chavarría.

Fuente: Semanario Universidad

SARDINAL DEFIENDE SU AGUA

En carta enviada el 6 de octubre del 2006 al Ing. Guido Alvarado la Dirección Regional Chorotega de AyA, bajo la dirección del Ing. German Araya Montezuma otorga permiso para la construcción de un ramal a nombre de Construcciones y Asesorías GCA S.A.
Informamos a la ciudadanía que las instalaciones, a las cuales se pretende abastecer de agua con la construcción de este ramal, no cuentan con el correspondiente permiso de construcción. Las edificaciones se construyeron mientras la municipalidad de Carrillo se hacía la vista gorda. En una región donde el poder del dinero despoja de efectividad a la ley solo la movilización social abre el espacio para la reivindicación de los derechos ciudadanos


Es por ello que el Comité Pro Defensa y Desarrollo del Distrito de Sardinal impedirá en las calles que la construcción de este ramal se lleve a cabo una vez que se inicie la construcción del mismo. No podemos seguir admitiendo que nuestro suelo guanacasteco siga siendo amancillado por instituciones e individuos que solo pretenden sacar provecho con fines de enriquecimiento personal, obviando de forma irresponsable el impacto social y ambiental que generan mientras se apropian de los recursos estratégicos de la región.
Hemos abogado hasta la saciedad porque se lleve a cabo un proceso de planificación de la zona en la cual se contemple la regulación de las construcciones, se hagan además estudios de contaminación, se establezca un plan de conservación de los pocos recursos naturales con los cuales aún se cuenta y se generen iniciativas de desarrollo local y de autogestión, en virtud de que nuestras comunidades aprovechen también la riqueza de la zona de forma racional y planificada. No obstante tales demandas no han sido más que exigencias sin resonancia y mientras las cosas se planteen de este modo seguiremos oponiéndonos a este modelo de desarrollo excluyente, centralizado y permisivo a la corrupción

EL AGUA, OTRO REINO PARA EL MINAET

Por: Alicia Pifarré Pan.

El embrujo seductor de las palabras es innegable. Unas cuantas palabras hábilmente intercaladas en un proyecto de ley, provocarán la ovación de multitudes que ni siquiera leerán el texto completo. Algo así sucede con el proyecto de ley sobre el Recurso Hídrico, cuervo disfrazado de ruiseñor que revolotea actualmente en la Asamblea Legislativa presto para lanzarse a la masacre de las aguas costarricenses.

Los dos primeros artículos del proyecto enlazan en perfecta armonía palabras encantadoras: “gestión integrada y participativa” del recurso hídrico, acceso al agua y al saneamiento como “derechos humanos fundamentales”, “uso sostenible del recurso hídrico”, “participación equilibrada de hombres y mujeres”, “participación de las comunidades indígenas en los procesos consultivos”. ¡Una belleza!


Allí nomás, al final del segundo artículo, el encanto desaparece. La participación queda reducida a “las personas ciudadanas”; o sea, el resto de los habitantes, al carecer de tan ilustre categoría, no podrá reclamar “trato equitativo.” ¡Vaya curiosa manera de ver la equidad!

Peor aun, en el artículo 15 la participación de personas y organizaciones en la glamorosa “gestión integrada” cae en la indigencia. Será regulada vía Reglamento, un drástico descenso en la jerarquía normativa. Así, los niveles de participación podrán ser variados a su gusto por el Poder Ejecutivo, cuantas veces le venga en gana, vía decreto, como corresponde en un país donde el Presidente opina que a la población se le han “dado” demasiados derechos. Participación “a mecate corto” se llama eso. ¿Democracia en reversa?

Sigamos. Se crea el “Sector Hídrico del Estado”, especie de Reino del Agua, compuesto por un sinfín de entes existentes y por crearse, cuyo rey, perdón, rector, será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y cuyos poderes, digo, competencias, quedan en manos del Poder Ejecutivo. Como corresponde a todo Reino, tendrá un Consejo Consultivo del Sector Hídrico, con doce integrantes entre los que se incluye al rey, perdón, rector. Ese Consejo asesorará y emitirá recomendaciones al rector. Es decir, el Ministro será juez y parte. ¿Absolutismo siglo XXI?

Nace la todopoderosa Dirección Nacional del Recurso Hídrico (art.11), mandamás indiscutible, definida como “órgano técnico… desconcentrado en grado máximo…” pero ¡¡incrustada en el corazón del MINAET!! ¿Por qué un órgano en lugar de un ente, independiente y autónomo como corresponde? ¿Cómo se entiende que un “órgano técnico” sea una simple dependencia ministerial? Vaya usted a saber.

Me parece que estamos frente a otro CONAVI, a otro CETAC, a otra marioneta del Ministro como las que habitan en el MOPT. Las consecuencias de esta cohabitación las vivimos hoy con Autopistas del Sol y con Alterra. Dado que el agua tiene mayor importancia en la vida humana que las carreteras o los aeropuertos, evitar en grado máximo las “genuflexiones” y las “torceduras de brazos” es cuestión de vida o muerte. Sin embargo no se evitan, más bien se propician.

En este Reino del Agua surgen, además, los Consejos de Unidad Hidrogeológica, integrados por 14 personas cada uno, número que podría triplicarse en los casos de cuencas divisibles en alta, media y baja; las funciones abarcan 11 (si, once) incisos del artículo 18, entre las cuales resalta la de “Pronunciarse de manera fundamentada sobre las solicitudes de autorizaciones, concesiones o permisos de uso del recurso hídrico…”

Sin embargo, a pesar de tanta carga sobre sus hombros, los Consejeros “…no recibirán dietas ni estipendio económico alguno por su participación y asistencia.” ¿No es esto ponerle alfombra roja a la corrupción? ¿No es suficiente la evidencia de corrupción en los policías a causa de sus bajos salarios que ahora crean puestos públicos sin salario alguno y con enormes obligaciones? ¿En qué mundo viven?

El proyecto de ley tiene 170 artículos, 15 Transitorios y 62 páginas; resulta imposible abarcar su análisis en un artículo de opinión. Pero hay un tema que merece reflexión: las aguas subterráneas, la auténtica reserva de agua potable del país.

En una alta proporción, la red de alcantarillado descarga las aguas residuales sin tratamiento alguno en nuestros ríos y esto provoca niveles crecientes de contaminación en las aguas superficiales. El proyecto obliga al tratamiento de las aguas residuales, pero los sistemas de tratamiento ni son gratuitos ni se implementan en un dos por tres. Por lo tanto, preservar las aguas subterráneas de la contaminación, especialmente la de plaguicidas, hidrocarburos, la intrusión salina y la infiltración séptica, es vital. Así lo demuestran los deplorables casos de contaminación por Bromacil y Diurón en las piñeras, por los nitratos en los cafetales y por otros venenos semejantes en los helechales e invernaderos para flores, que causaron grave daño en la salud de los habitantes.

Dejemos, pues, la paquidérmica organización del Reino del Agua y vayamos al divino tesoro que fluye bajo nuestro pródigo suelo. ¿Queda bien protegido en este proyecto de ley? Desde luego que NO puesto que el encargado de protegerlo es un órgano de carácter político. Eso en primer lugar. Pero además…

En los terrenos que bordean manantiales permanentes destinados al consumo humano, habrá un área de protección de 200 metros “medidos en la horizontal a partir de la naciente como punto de referencia” (art. 34, inc c); digo yo, ¿si el agua viene desde una zona más alta donde ha sufrido contaminación, de qué sirve la protección de 200 metros “medidos en la horizontal”? No tengo idea, en el proyecto no encontré respuesta. O sea, es como si la ley dijera: “Se permite contaminar los acuíferos pero deben cuidarse sus manantiales de aguas envenenadas…”

Más adelante la protección continúa esfumándose. En las áreas de recarga se permite la actividad agroecológica, la silvicultural y el ecoturismo (art.40, inc.h). ¿Todas ellas innocuas? También pueden construirse proyectos de vivienda multifamiliar -entre otros- siempre y cuando los Consejos de Unidad Hidrogeológica -esos donde se trabaja gratis- den su aprobación. Si no la dan, los interesados pueden presentar un estudio hidrogeológico ante la SETENA y asunto arreglado (art.45). Eso, actualmente se llama promover el desarrollo. Antes se llamaba de otra manera…

Podría seguir, pero será en otra ocasión. Según los expertos, con esta ley se opera la masacre del proceso ejemplar de desarrollo científico y técnico que había tenido la hidrogeología costarricense, se dispone la muerte del SENARA y el alumbramiento de un monstruo burocrático e incompetente. ¡Atención!

El agua es un derecho humano fundamental, cuya protección es requisito para el ejercicio de otros derechos como la vida, la salud, la alimentación; esa protección no es optativa para los gobiernos, constituye un deber jurídico primordial. En este proyecto el derecho al agua se declara pero no se protege. Así, la declaración es inútil.

Tomado de: EL PAIS.COM (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=13823)

VECINOS CELEBRAN CIERRE DE PIÑERA POR CONTAMINACIÓN

El cierre de la empresa piñera Sebastopol, en Guácimo de Limón, fue saludado por los vecinos de dos comunidades, a pocos días de que una misión sanitaria de la Comunidad Europea visite Costa Rica para inspeccionar fincas productoras de piña. Los vecinos de las comunidades de Cartagena y Villa franca del cantón de Guácimo “han recibido con gran alegría la noticia del cierre de la Empresa Piñera SEBASTOPOL”, debido a la contaminación de moscas, que afectan al ganado y a los vecinos. “Esta empresa, por varios años, ha venido violando nuestra Legislación, se han hecho visitas de la Defensoría de los Habitantes, diputados, Tribunal Ambiental y otras autoridades quienes han comprobado los daños que esta Empresa ha ocasionado a esta población, hasta el extremo de verse obligada la misma a suministrar agua a los vecinos por la contaminación del pozo para consumo que usa la población y la misma Escuela”, resaltó Foro Emaús. El día de ayer 22 de Septiembre dicha empresa fue clausurada por las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). De acuerdo con la información de SENASA, la misma fue cerrada, en vista de que se habían comprometido a dar un tratamiento a los desechos de la piña y no lo han hecho, causando una plaga de moscas que los vecinos ya no soportan más. El cierre se da como consecuencia de la denuncia presentada ante el SENASA por parte de Martín Chavarría, productor de ganado, integrante del “Foro Emaús”, y miembro del Frente Nacional de Sectores Afectados por la actividad Piñera (FRENASAP). La denuncia se había interpuesto a inicios de la semana anterior. Según se informó, el cierre se da ante la constatación del manejo inadecuado y negligente de los desechos de la producción de piña. Se trata de las coronas de la fruta, que son abandonadas masivamente y, mientras se pudren, generan grandes cantidades de la denominada mosca “chupa sangre”, la cual ataca el ganado, afectando negativamente la productividad de leche y provocando que en múltiples ocasiones se deban sacrificar los animales. Cientos de vecinos y vecinas de las comunidades de la zona Atlántica y la zona Norte, en donde se ha expandido creciente y descontroladamente la producción de piña, han venido denunciando este tipo de problemas sin que ninguna autoridad, hasta ahora, haya tomado cartas en el asunto, aseguró el Frente Nacional de Poblaciones afectadas por las Plantaciones de Piña. “En este sentido, este cierre viene a confirmar las denuncias y malesta¬res de las comunidades afectadas por estos y muchos otros problemas que genera la activi¬dad piñera en el país”, agregó. Carlos Arguedas Mora, Secretario de Salud Ocupacional del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), recordó que próximamente visitará Costa Rica una delegación de la Unión Europea, “que vienen a verificar si estas denuncias que hacemos al mundo son ciertas o son falsas”. “Por eso es importante que las comunidades se preparen para dar a conocer a esta delegación de los graves problemas que padecen, pero tenemos la corazonada que una vez más estas empresas quieren montar un teatro que las deje bien paradas”, alertó Arguedas. Reveló que “ya tenemos informaciones del montaje de este escenario teatral para mostrar a los Señores de la Unión Europea, que aquí todo es perfecto”. Arguedas sostiene que “con base en este cierre que estamos presenciando debemos preparar a nuestra gente para que diga la verdad sin temores; sabemos que las presiones e intimidaciones para los vecinos y trabajadores, son muy fuertes, pero no podemos cambiar la salud de nuestras familias por unas cuantas monedas, que no alcanzan ni para comer con las familias”. “Hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, de Agricultura, a la Municipalidad de Guácimo, al Tribunal Ambiental, a la defensoría de los habitantes para que no se permita la apertura de dicha finca hasta que cumplan en la práctica, y no en papel, lo que establece nuestras leyes”, solicitó Arguedas en representación de varias organizaciones de la región Caribe. Finalmente, hizo un llamado a las Organizaciones Ambientalistas y Sindicales, tanto Nacionales como internacionales, para que de una vez por todas desenmascaremos las maniobras de estas empresas que tienen un discurso para Europa y otro en la práctica”.

FUENTE:elpais.cr

AMBIENTE: "La movilización por el agua lo es todo"

Daniela Estrada

Entrevista a la activista y escritora MAUDE BARLOW


SANTIAGO, sep (Tierramérica) - El agua debe ser declarada "patrimonio común" de la humanidad y deben "retroceder" la minería y la agroindustria de exportación, dijo a Tierramérica la canadiense Maude Barlow, que desde hace 20 años investiga y denuncia la degradación y privatización de los recursos hídricos.
Barlow es presidenta del Council of Canadians, la mayor organización ciudadana de su país, y en 2005 recibió el Right Livelihood Award, o premio Nobel alternativo. Con 16 libros en su haber, hoy asesora al presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el nicaragüense Miguel D'Escoto.

Tierramérica conversó con ella en Chile, donde presentó su última obra: "El convenio azul: La crisis global del agua y la batalla futura por el derecho al agua".


TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es la situación de los derechos del agua en el mundo?

MAUDE BARLOW: Éste es el tema más contencioso en la discusión mundial sobre el agua: si se va a mantener como un patrimonio de la humanidad y un bien común o va a convertirse en una mercancía a la que se puede acceder a través de las reglas del mercado.

Este debate se da porque el mundo se está quedando sin agua. Vamos hacia un tiempo donde dos tercios de la humanidad no van a tener acceso al agua.

Hay compañías, inversionistas y algunos gobiernos que han decidido que el mercado decidirá sobre la disponibilidad de agua. Esto tiene tres grandes problemas.

El primero es que el agua iría solamente hacia aquellos que podrían comprarla, no necesariamente a los que la necesitan. El segundo es que, obviamente, no habría ninguna protección del agua para la reproducción de la naturaleza. Y la tercera es que se generaría un desincentivo para proteger las fuentes hídricas, porque mientras más escasa sea el agua limpia más alto será su precio.

TIERRAMÉRICA: ¿Cuál es el grado de privatización del agua hoy?

MB: Es muy pequeño todavía, entre 10 y 15 por ciento de los sistemas mundiales de agua potable y saneamiento. Incluso hay un retroceso porque muchas municipalidades están recuperando sistemas públicos después de haberlos privatizado. Nuestro ejemplo favorito es París, que estuvo casi 100 años bajo un sistema privado y ahora ha recuperado el agua para la gestión pública.

La otra forma de privatización es a través del embotellado. Ésa es una gran batalla en muchas comunidades del mundo.

La última tendencia es la privatización a través de derechos: el agua es considerada un derecho de propiedad privada, vendida y comprada incluso por intermediarios (que cobran comisiones en el proceso de comercialización).

También se están estableciendo bancos de agua. El principal problema es que se han generado más cantidad de derechos que el agua que físicamente existe. Pero, por suerte, hay muy pocos países que han probado este sistema.

Chile es uno de ellos y es el más extremista. Otros países que están apenas empezando son España, Australia, y en parte Estados Unidos y Canadá.

Otro de los últimos extremos en esta tendencia de mercado es que países ricos que no tienen mucha agua, como Japón, Arabia Saudita y algunos europeos, están comprando tierras en naciones pobres solamente para acceder a sus recursos hídricos. Empezaron en África y ahora se están moviendo hacia América Latina.

TIERRAMÉRICA: ¿Cómo ve a esta región en materia hídrica?

MB: Probablemente tiene la mayor disponibilidad mundial de agua por persona, porque posee muchos recursos hídricos. Pero en la práctica tiene una de las menores disponibilidades. Y hay tres razones para ello: la contaminación masiva de aguas superficiales y también de algunas subterráneas, la inequidad en el acceso y la privatización.

TIERRAMÉRICA: Como asesora del presidente de la Asamblea General de la ONU, ¿qué regulación mundial propone?

MB: Que la Asamblea General adopte un programa y una resolución que reconozca la crisis mundial del agua. El plan debería basarse en tres principios.

El primero es la protección de las fuentes de agua dulce y su restauración en todos los países. El segundo es que el agua tiene que ser considerada como un patrimonio común. Debe asegurarse que todas las personas tengan acceso equitativo a ella. Esto implica priorizar su uso para la producción alimentaria local, lejos del monocultivo para exportación.

Y el tercer principio es establecer su acceso como derecho humano. Sería un error que cualquiera pudiera apropiarse del agua, cuando hay mucha gente muriendo por su falta.

Nosotros reclamamos que los países cambien sus constituciones, como Uruguay lo hizo hace tres años, para adoptar esta concepción que da al Estado la responsabilidad de mantener el agua limpia y asegurar su acceso.

TIERRAMÉRICA: ¿Qué propone para actividades industriales intensivas en uso de agua, como la minería?

MB: La minería tiene que retroceder. Las compañías mineras no pueden seguir contaminando el agua. Hay compañías mineras que prácticamente están gobernando algunos países. Y eso tiene que cambiar porque los gobiernos son para el pueblo y el pueblo debe formular las políticas.

El uso comercial del agua, incluida la minería, está después de las prioridades anteriores. Se debe solicitar un permiso y pagar por él, y si se destruyen las fuentes o se contamina el agua, los permisos deberían ser cancelados.

Hay dos sectores que van a sufrir: las mineras (con mucha infelicidad tengo que decir que gran parte de las compañías mineras en Chile son canadienses) y la gran agroindustria de exportación.

TIERRAMÉRICA: ¿Qué importancia le da a la movilización ciudadana?

MB: La movilización lo es todo. Los cambios vienen desde la base. Yo he visto a la gente más pobre del mundo ponerse de pie para luchar por el agua, y es porque sin agua morimos. Recuerdo a un anciano en Cochabamba, Bolivia, que estaba en un enfrentamiento y yo le pregunté por qué peleaba. Me contestó que prefería morir de una bala a que sus hijos murieran por agua sucia.

* Este artículo fue publicado originalmente el 12 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

(Tomado de: IPNOTICIAS: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93320)

LOS FOROS MUNDIALES DEL AGUA

Freddy Pacheco

CON EL CUENTO DE LA TAL “GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO” QUE SIRVE DE MAMPARA AL BANCO MUNDIAL Y LA GWP (ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL AGUA) PARA SUS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LOS PROMOTORES DEL AGUA COMO BIEN ECONÓMICO, INTRODUCEN EN LEGISLACIONES NACIONALES ESA TURBIA TERMINOLOGÍA PARA ABRIR CAMINO A LOS INTERESES SUPREMOS DE LAS TRANSNACIONALES DEL AGUA.


Y son tan hábiles (algunos más bien dirán cínicos) que cada tres años invierten millones de dólares para reunir en países como México y Turquía (el próximo se anuncia en Francia) a miles de incautos y otros no tan incautos, en un “Foro” imposible para intercambiar opiniones y proponer resoluciones, como sucediera el pasado marzo en Estambul.


Y es que no se pueden hacer, discutir y resolver propuestas, ante 30 mil o 40 mil turistas del agua, repartidos, según sus “categorías”, en hoteles cinco estrellas y hoteluchos, de donde se dictan las antes “cocinadas” resoluciones que esos miles de invitados anónimos ni siquiera llegan a conocer… pero que avalan con su presencia casi virtual.


De esa forma se aprobó la iniciativa que permitiría la creación del “Centro del Agua para América Latina y el Caribe”, que según los mandamases del Foro, fue seleccionada entre más de 180 ponencias de todo el mundo.


Iniciativa que no era ni más ni menos que el plan de una de las más grandes transnacionales del recurso agua (la Coca Cola) que, con la bendición del BID, busca garantizarse para sus lucrativos negocios, la disponibilidad del preciado y cada vez más escaso líquido.


Así, mientras cada día mueren unos 4000 niños menores de 5 años a causa de enfermedades relacionadas con el agua, y la OMS estima que más de 1000 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua adecuadas, hay unos pocos privilegiados del libre comercio que cierran sus ojos ante esta dramática realidad y se prestan sin pena alguna para actuar como “asesores” en las comparsas financiadas por los dueños del gran negocio del agua.


Es gente que vive del agua, de su burocracia, de sus organizaciones presentadas como regionales, de consultorías, de los tallercillos y capacitaciones, de sus asesorías legales, de los simposios.


El reconocimiento de un Comité de la ONU del “Derecho Humano” al agua ha de garantizar a todas las personas agua en cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos,
lo que contradice los intereses de los directores de la comparsa que se mueve al son del agua como bien económico. Por ello, se producen “Foros Alternativos” al comercial y se aboga, ahora con mayor energía, por llevar la discusión seria e independiente al seno de las Naciones Unidas, dejando para los negociantes, cancerberos y adláteres, sus desprestigiados foros, como el perfumado que se planea llevar a los palacios de Marsella, y para el cual desde ya se frotan sus manos los acuosos turistas consuetudinarios.

El tema es de relevancia para los latinoamericanos pues esos mismos intereses parecen haberse hecho evidentes a propósito de la propuesta de una nueva ley de aguas, en la que “asesores” nacionales no solo eliminaron el anteriormente propuesto carácter de Derecho Humano, sino que también pretenden sustituir al débil Senara por un ente de carácter cuasi-privado, al tiempo que “ningunean” al AyA. Texto “mejorado” muy bueno para la GWP, el Banco Mundial, el BID y la Coca Cola internacional, pero muy malo para el pueblo costarricense, que gracias a esos intereses hoy no tiene futuro en la Asamblea Legislativa.

Así, instamos a las autoridades latinoamericanas para que den seguimiento y apoyen decididamente los esfuerzos internacionales por estructurar, en el marco de la ONU, un “Foro Mundial del Agua”, libre de “contaminantes”, al que NO acudirían los que, por años han representado los intereses comerciales de los que lucran con el agua “bendita”.


Catedrático UNA

ATENTAN CONTRA EL AMBIENTE EN ÁREA DE RECARGA ACUÍERA

Este domingo 9 de agosto, en un recorrido por las montañas de San Rafael de Heredia, miembros de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, encontramos en la zona de recarga acuífera e inalienable según la Ley N0.65 de 1888 la apertura de un camino de cientos de metros de largo y unos cuatro de ancho (coordenadas Lambert N 228500 – E 528500)La Asociación ha presentado ante el Ministerio de Ambiente, Heredia y la Municipalidad de San Rafael de Heredia la respectiva denuncia y pedido información sobre si se ha otorgado algún permiso por parte de estas instituciones.

La zona donde se han llevado a cabo las obras se encuentra aproximadamente a 2000 metros sobre el nivel del mar, en una zona de recarga acuífera según lo ha determinado Secretaria Nacional de Riego y Avenamiento, institución encargada de tutelar las aguas subterráneas. Esto último lo ha ratificado la Sala Constitucional en varias resoluciones, por lo que la realización de actividades sin estudios hidrogeológicos exhaustivos no se puede permitir.


Además de que se debe tener en cuenta que de conformidad a la Ley Forestal, artículo 33 y 34 al ser una área de recarga debería ser una zona de protección donde está prohibido la tala de cualquier árbol.

La apertura del camino se encuentra aguas arriba de varias fuentes superficiales de agua de donde se suplen los habitantes de San Rafael y San Isidro de Herdia y donde recarga el agua que alimenta los principales mantos acuíferos del Valle Central, que dan agua cerca de cerca del 70% de los habitantes de esta zona.

El Tribunal Constitucional de la República ya el año pasado declaro que la protección de la zona decretada como inalienable por la Ley de 1888 es total, por lo que no puede otorgarse ningún tipo de permiso o concesión en dicha franja de terreno. Asimismo, estimo ese Tribunal que no se pueden alegar desconocimiento de lo dispuesto por la ley número 65, pues si bien ha transcurrido más de un siglo desde que la misma fuera creada, lo cierto es que dicha norma mantiene aún su vigencia.

ACTIVIDADES EXENTAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ANTE SETENA

A continuación 2 resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental referentes a los proyectos u obras de infraestructura que están exentas de evaluación ante esta institución.

Es fundamental tener en cuenta que las actividades que se desarrollen en áreas ambientalmente frágiles y sobre áreas de recarga de mantos acuíferos requerirán alguna evaluación ambiental.



Resolución Nº 583-2008-SETENA. EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 12 HORAS 30 MINUTOS DEL 13 DE MARZO DEL 2008. ACUERDO COMISION PLENARIA MODIFICACION DE LA RESOLUCION N. 2370-2004-SETENA.

Conoce esta Secretaría de la resolución N° 2370-2004 del 07 de diciembre del 2004, relacionada con las actividades que no requieren ser sometidas a evaluación ante la SETENA.


PRIMERO: Que de conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.

SEGUNDO: Que existe una serie de actividades, obras o proyectos que provocan un impacto ambiental potencial muy bajo, que según las condiciones técnicas expuestas en el presente Acuerdo, deberán cumplir únicamente con el trámite administrativo ante las Municipalidades, para lo cual paralelamente, deberán cumplir con los reglamentos específicos que regulan la actividad sometida a aprobación.

TERCERO: Que está vigente el Código de Buenas Prácticas Ambientales publicado mediante el Decreto Ejecutivo No. 32079-MINAE, que orienta el accionar básico de cualquier actividad, obra o proyecto desde el punto de vista ambiental.

CUARTO: Que en virtud de la normativa vigente la competencia de SETENA se circunscribe a la evaluación de aquellas actividades que podrían generar impacto ambiental de significancia baja, mediana o alta.

QUINTO: Que cualquier Municipalidad, en el trámite del permiso municipal que gestiona el desarrollador de la actividad, obra o proyecto que genere muy bajo impacto ambiental, enlistado en este acuerdo, debe ordenar el cumplimiento de los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales, como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

POR TANTO
LA COMISIÓN PLENARIA ACUERDA:

En sesión Ordinaria Nº 37-2008 de esta Secretaría, iniciada el 12 de MARZO del 2008, en el Artículo No. 03 acuerda:

En virtud de la competencia otorgada por Ley a esta Secretaría, se emite el siguiente acuerdo respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos que generen muy bajo impacto ambiental potencial, para el otorgamiento de los permisos municipales.

Artículo 1.- Objeto del Acuerdo
Definir el trámite de evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos, que generen muy bajo impacto ambiental potencial, como parte integral de las gestiones municipales.

Artículo 2. -Definiciones

1. Actividad obra o proyecto de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial- Se refiere a las actividades humanas que, cumpliendo lo dispuesto en este Acuerdo, no provocan destrucción o alteración de significancia negativa del ambiente ni generan residuos o materiales tóxicos o peligrosos y no representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o alguno de sus componentes en particular.

2. Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo conforman y su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de carga restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su uso en actividades humanas. También comprende áreas para las cuales el Estado, en virtud de sus características ambientales, haya emitido un marco jurídico especial de protección, resguardo o administración.

3. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la planificación, construcción de obras de infraestructura, desarrollo de actividades productivas o de servicios, incluyendo aquellas necesarias para el abandono de la actividad o cierre técnico. Forman parte de este grupo también, las actividades relacionadas con la elaboración de los programas, políticas y planes de ordenamiento territorial o uso de espacios geográficos para desarrollo económico, social, de infraestructura, energético, turístico, minero y urbano, en la medida que los mismos determinan acciones o actividades humanas que alteran o destruyen elementos del ambiente o generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos.

4. Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA): Documento que contiene el conjunto de prácticas ambientales, generales y específicas, que debe cumplir todo Desarrollador, no importa la categoría ambiental en que se encuentre su actividad, obra o proyecto, como complemento de las regulaciones ambientales vigentes en el país. En el mismo se establecen acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación que deben ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al ambiente. Este documento debe ser tomado en consideración por el consultor ambiental y el analista responsable de revisar una evaluación de impacto ambiental.

5. Movimiento de tierras: Labores de remoción o excavación de suelos que se realizan para aquellas obras, actividades o proyectos, que son parte integral de un proyecto de infraestructura. Cuando el movimiento de tierra consiste en si mismo un proyecto, deberá realizar el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo que regule este tema.

Artículo 3.- Requisitos
Para los efectos del presente acuerdo, las actividades, obras o proyectos considerados como de muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que reúnen las siguientes condiciones:

1. Que no se localice en un Área Ambientalmente Frágil conforme a lo establecido en el Anexo 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de EIA.
2. Cuando se trate de una obra de remodelación o mejora sobre una edificación
preexistente sin que amplíe el área total de la edificación.
3. Que los desechos sólidos a producir sean recogidos y depositados en los lugares autorizados por la autoridad competente.
4. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites máximos permitidos por el Ministerio de Salud.
5. Que se trate de la construcción de una edificación, no mayor de 500 metros
cuadrados, desarrollada de forma individual, y que cuente con la disponibilidad de
todos los servicios básicos. 6. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo establecido en las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de Buenas Prácticas Ambientales.
7. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme.

Artículo 4.- Actividades
Las actividades, obras o proyectos que se incluyen como parte de este Acuerdo son las siguientes:
1. Tapias u obras de contención.
2. Tapia provisional.
3. Cambio de techo.
4. Remodelación o reparación de techo y cielo raso.
5. Remodelación y mejoras de edificaciones existentes que cumplan con los términos de este Acuerdo.
6. Ampliación o remodelación de casa de habitación.
7. Reubicación de batería sanitaria o del sistema de tanque séptico y drenajes.
8. Remodelación o cambio de ventanería.
9. Techado de patio.
10. Construcción de casas de habitación unifamiliar.
11. Construcción de cochera.
12. Instalación y remodelación de verjas y portones.
13. Construcción de cobertizo para vehículo o maquinaria.
14. Construcción de oficinas y locales comerciales.
15. Pintura de edificaciones existentes.
16. Demolición de edificaciones no mayores a 500 m², salvo que se trate de patrimonio histórico arquitectónico o que se encuentre en proceso de declaratoria.
17. Construcción de rampas de acceso.
18. Construcción o mejoras de bajantes y canoas.
19. Construcción o mejoras de aceras.
20. Chorrea y cambio de pisos.
21. Reparación de calles y caminos de acceso ya existentes.
22. Ampliación de corredores en edificaciones.
23. Mantenimiento de jardines, áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de
edificación.
24. Reparación o mejora de caños de desagüe y otras obras de mejoras hidráulicas para viviendas unifamiliares, edificios u oficinas.
25. Construcción, instalación y operación de tanques sépticos y drenajes para cualquier tipo de edificación (comercial, habitacional o industrial).
26. Instalación, operación y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano y usos agropecuarios.
27. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) dentro de cualquier edificación.
28. Instalación y mejoras de sistema contra incendio.
29. Reparaciones menores (menores o iguales a 100 metros lineales) en la red sanitaria, red de acueducto y red de aguas pluviales.
30. Instalación, construcción, reparación, operación y mantenimiento de la casetas de bombeo y su equipo, y captaciones en acueductos existentes.
31. Construcción de casetas de agentes de seguridad y vigilancia.
32. Reparación y mantenimiento de caminos internos existentes en fincas.
33. Instalación de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones existentes.
34. Construcción, remodelación o ampliación de infraestructura para actividades
agropecuarias, cuya área de construcción no sea mayor de 1000 metros cuadrados, salvo que exista una regulación específica que establezca lo contrario.
35. Construcción de parqueos de vehículos livianos.
36. Remodelación o construcción de edificaciones para centros educativos en operación.
37. La operación de aserraderos portátiles.
38. Cualquier tipo de construcción amparada a un Decreto de Emergencia.

Artículo 5-. Procedimiento
La gestión ambiental de actividades, obras o proyectos descritos en el artículo 4, deberán realizarse ante la Municipalidad correspondiente. El procedimiento de otorgamiento de permiso, para las actividades enumeradas en este Acuerdo, será definido por cada una de las Municipalidades.
La Municipalidad mantendrá un registro de permisos, el cual podrá ser facilitado a SETENA, previa solicitud.

Artículo 6-. Alcance
Cualquier obra, actividad o proyecto no incluida en este listado, deberá ser presentada ante la SETENA, de acuerdo con el trámite establecido en el Decreto 31849-MINAE-S-MOPTMAG- MEIC del 28 de junio del 2004 o cualquier otra autoridad competente.
La SETENA tendrá la facultad, previa justificación, de ampliar o modificar la lista del artículo 4, mediante acuerdo de la Comisión Plenaria, lo que deberá ser notificado a las municipalidades de todo el país.

Artículo 7-. Derogatorias
La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No. 2370-2004-SETENA del 7 de diciembre del 2004.

Artículo 8-. Vigencia
Rige a partir de la fecha de suscripción. Comuníquese a las todas Municipalidades del país.

Atentamente,
MLA. TATIANA CRUZ RAMIREZ
SECRETARIA GENERAL
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA




Resolución Nº 2653-2008-SETENA
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL, A LAS 08 HORAS 00 MINUTOS DEL 23 DE SETIEMBRE DEL 2008.

ACUERDO COMISION PLENARIA
AMPLIACION DE LA RESOLUCION N0.583-2008-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría del Memorando DT-041-2008 del 31 de julio del 2008, respecto a los proyectos que se pueden exonerar del trámite de Viabilidad Ambiental con sólo ampliar la resolución No. 583-2008 del 13 de marzo del 2008.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en virtud de la normativa vigente la competencia de SETENA se
circunscribe a la evaluación de aquellas actividades que podrían generar Impacto ambiental de significancia baja, mediana o alta.

SEGUNDO: Que considerando que existen una serie de actividades obras o proyectos que provocan un impacto ambiental potencial muy bajo, se emitió la resolución No. 583-2008, en la cual se enumeraron una serie de actividades que esta Secretaría Técnica previo análisis, consideró no deberían ser valorados para el otorgamiento de la Viabilidad ambiental, y en su defecto a las mismas se les indica que deberán cumplir con el trámite administrativo correspondiente ante la Municipalidad competente, además paralelamente deberán cumplir con los reglamentos específicos que regulan la actividad sometida a aprobación.

TERCERO: Que de conformidad con la Constitución Política y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente y demás Legislación Ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.

CUARTO: Que cualquier Municipalidad, en el trámite del permiso Municipal que gestiona el desarrollador de la actividad, obra o proyecto que genere muy bajo impacto ambiental, enlistado en este acuerdo, debe ordenar el cumplimiento de los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales, como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

QUINTO: Que habiéndose realizado una nueva valoración, por parte de la Oceanógrafa Roxana Badilla, el Ingeniero Francisco Fernández y el Geógrafo Esaú Chaves A, Coordinadora del Departamento de Gestión Institucional, Coordinador del Departamento de Administración de Proyectos, y Director Técnico de la SETENA, respectivamente, según consta en Memorando DT-041-2008, respecto a cuáles obras, actividades o proyectos ampliarían la lista del Artículo 4 de la resolución. 583-2008, se resuelve lo siguiente:
POR TANTO
LA COMISION PLENARIA ACUERDA:

En sesión Ordinaria Nº 0143-2008 de esta Secretaría, realizada el 22 de SETIEMBRE del 2008, en el Artículo No. 02 acuerda:

PRIMERO: Se procede a ampliar la lista de actividades, obras o proyectos que se excluyen del trámite de Viabilidad Ambiental enumeradas en el artículo 4 de la Resolución No. 583- 2008 de las doce horas y treinta minutos del trece de marzo del 2008 en los siguientes términos:
1. Todos aquellos proyectos que se encuentran en operación desde antes del 04 de octubre del 1995, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, o bien después de esa fecha pero hasta el 28 de junio del 2004, con la entrada en vigencia del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA No.31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), (talleres, salones de belleza, etc.) y que el MINSA o las municipalidades les exijan contar con la viabilidad ambiental para renovar su permiso o patente de funcionamiento. Para estos casos se debe informar al MINSA, MAG/SENASA y a las Municipalidades que se les pueden renovar la patente o el permiso de funcionamiento, sin que requiera de previo contar con la viabilidad ambiental.
2. Helipuertos móviles para fumigación aérea. Que el MINSA desarrolle una guía
ambiental para la operación de dichas plataformas y que al otorgar el correspondiente permiso de funcionamiento se exija el cumplimiento de dicha guía.
3. Reparación y mantenimiento de obras públicas como: puentes, muros, caminos, pistas de aterrizaje, líneas para ferrocarril y edificaciones. Que sean las mismas instituciones las encargadas de verificar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales y las leyes correspondientes.(municipales, Instituciones del estado)
4. Reemplazo o cambio en capacidad de carga de redes de distribución eléctrica de carácter público (ESPH, JASEC, COOPEGUANACASTE, ICE y otras).
5. Mariposarios que no se localicen en áreas ambientalmente frágiles.
6. Proyectos turísticos de canopy que no se localicen en áreas ambientalmente frágiles.
7. Expendios de distribución de gas LPG al detalle.
8. Extracción de madera en potreros que no se localicen dentro de áreas
ambientalmente frágiles. El SINAC desarrollará una guía ambiental para ese fin y velará por su cumplimiento. Que soliciten el permiso correspondiente al SINAC
9. Panaderías
10. Servicios de alimentación al público. Que no conlleve una nueva construcción o
ampliación.
11. Venta de peces ornamentales.
12. Casas de vivienda unifamilares que no se ubiquen en zona de recarga acuífera, ni en áreas frágiles de acuerdo a la guía ambiental para obras de infraestructura. En el caso de requerir movimientos de tierra (mayores de 300 m3), para accesos y construcción, se requiere realizar la EIA ante SETENA.
13. Proyectos que se ubiquen dentro de zonas francas que contengan la VLA, con infraestructura ya construida.

SEGUNDO: En todo lo demás manténgase incólume la parte dispositiva de la resolución No.583-2008- SETENA.

TERCERO: Se ordena en este mismo acto la publicación del presente Acuerdo en la página web de esta dependencia y notificarse a las Municipalidades.
.
Atentamente,
Origina firmado
MSc. SONIA ESPINOZA VALVERDE
SECRETARIA GENERAL
EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA




Listado de Áreas Ambientalmente Frágiles
N° Tipo de Espacio Geográfico
1* Parques Nacionales
2* Refugios Nacionales de Vida Silvestre
3* Humedales
4* Reservas Biológicas
5* Reservas Forestales
6* Zonas Protectoras
7 Monumentos naturales
8 Cuerpos y cursos de Agua naturales superficiales permanentes (espejo de agua).
9 Áreas de protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o manantiales, de acuerdo a la Ley Forestal.
10 Zona marítimo – terrestre.
11 Áreas con cobertura boscosa natural.
12 Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades correspondientes.
13 Áreas donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales considerados patrimonio por el Estado de forma oficial.
14 Áreas consideradas de alta a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales, por parte de Comisión Nacional de Emergencias.


Nota: (*) Cuando forman parte del patrimonio natural del Estado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Forestal, N° 7575 14

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA VIOLENTA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De nuevo la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, o mejor dicho los señores del Consejo Municipal y el señor Alcalde son condenados por la SALA CONSTITUCIONA. Esta vez por no dar respuesta a una solicitud que planteó la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia.

El recurso de amparo se interpuso porque la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia solicitó información sobre un proyecto constructivo que se está desarrollando en Concepción, específicamente si contaba con los permisos municipales respectivos.


La municipalidad de San Rafael como es costumbre, no nos dio una respuesta concreta de lo solicitado, por lo que nuevamente nos vimos obligados recurrir a la Sala Constitucional a efecto de que se los obligara.

La composición de el concejo y alcaldía es la siguiente:

Sra. Amable Corrales -- PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)
Sra. Soleida Luna --- LIBERACIÓN NACIONAL
Sra. Yensy Alfaro LIBERACIÓN NACIONAL
Sr. Henry Chavarría-- LIBERACIÓN NACIONAL
Sr. Marcos Hernández- PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)

ALCALDE:
Sr. Alberto Vargas.--PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA (PAC)



Este es un resumen del voto de la Sala Constitucional:

VOTO: 09 009912-

Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Amable Corrales Valverde, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal, y Alberto Vargas Esquivel, en su calidad de Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen en sus lugares tales cargos, que adopten las medidas necesarias para que en el término improrrogable de tres días, contado a partir de la notificación de esta resolución, se comunique al recurrente, José Francisco Alfaro Carvajal, el oficio número 1092-2009-AMSRH del diez de junio del dos mil nueve, y en el término improrrogable de ocho días, contado a partir de la notificación de esta resolución, se resuelva la solicitud de información que planteó el recurrente el dieciséis de marzo del dos mil nueve, por medio de documento número 0020/JFAC/ANS, y se le comunique lo resuelto. Se le advierte a Amable Corrales Valverde, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal, y Alberto Vargas Esquivel, en su calidad de Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen en sus lugares tales cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a Amable Corrales Valverde, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal, y Alberto Vargas Esquivel, en su calidad de Alcalde Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o a quienes ocupen en sus lugares tales cargos, en forma personal.

IMPACTO AMBIENTAL DEL CULTIVO DE LA PIÑA

-La contaminación del agua de consumo humano con agroquímicos y la exposición de los vecinos y trabajadores a los mismos. A la piña se le aplica todo un grupo de agroquímicos muy tóxicos y peligrosos, ya que son todo un paquete tecnológico destinado a matar las plagas de hongos, insectos y las malas hierbas. Estos agroquímicos se mueven muy fácilmente a través del suelo, por lo que llegan a los mantos acuíferos y los contaminan. Esto atenta contra la salud de las comunidades aledañas y va en contra del recurso natural más importante de todos: el agua. Se considera que de cada tonelada de químico utilizado en la siembra de la piña, un porcentaje mayor al 60% va directamente al ambiente, el otro porcentaje de químicos quedan fijados en la fruta.


-La degradación de la tierra, porque los sistemas de producción que se utilizan dejan el suelo totalmente devastado. El arado excesivo y profundo hace que se pierda la estructura del suelo y el uso de agroquímicos elimina a los microorganismos del suelo, encargados de descomponer la materia orgánica, por lo que este pierde por completo su fertilidad. Por lo tanto, la tierra que se podría utilizar para sembrar alimentos es destinada a un monocultivo que termina dañándola.

-La sedimentación y contaminación de los ríos, debido a las malas prácticas agrícolas que destruyen la estructura del suelo, erosionándolo. Entonces cuando llueve se lava el suelo y esto sedimenta y contamina con agroquímicos los ríos, pozos y aguas superficiales.

-La plaga de la mosca, que se reproduce en los desechos de la piña y está causándole un gran daño a los ganaderos de todo el país. Esta mosca chupa la sangre del ganado y lo debilita y enferma, por lo que se adelgaza, da menos leche e incluso se muere. Esta plaga también transmite diversas enfermedades. Esto provoca grandes perdidas a los pequeños y grandes ganaderos que se están viendo obligados a cambiar su actividad e inclusive a vender sus tierras a la propia piñera causante de sus perdidas.

Fuente: www.eetrasdelapina.org (http://detrasdelapina.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=28

GANADEROS DEMANDARÁN AL ESTADO POR MOSCA DE LA PIÑA

Los ganaderos de la Zona Norte de Costa Rica, demandarán al Estado pues consideran que no ha actuado de ninguna forma para ayudarles en el problema que tienen con la mosca que se origina en los cultivos de piña.

Así lo hicieron saber a UNIVERSIDAD un grupo de afiliados de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, quienes invitaron a este Semanario a conocer de cerca la situación que viven desde que las plantaciones de esa fruta se instalaron en la zona hace casi 15 años.

Al igual que lo hicieron los pequeños productores de la región del Caribe, los productores de La Trinchera y Veracruz de Pital de San Carlos y de comunidades aledañas, atribuyen al cultivo de la piña la gran cantidad de moscas que acosan a su ganado.

MAL MANEJO

Álvaro Álvarez tiene más de 40 años de vivir en La Trinchera de Pital y afirma que desde que llegó la piña a la zona, ha sido una lucha constante no solo con las empresas, sino también con los funcionarios de gobierno que no atienden sus quejas.

“Las empresas no tratan el rastrojo del cultivo y lo dejan pudrirse, eso produce grandes cantidades de moscas, que son terribles para el ganado. Pero uno va y habla con la gente del Ministerio de Agricultura y están hechos una sola “piña” con las piñeras”, comentó.

Álvarez acompañó a UNIVERSIDAD hasta una de las fincas piñeras de la zona, donde quedó evidenciado el mal manejo del restrojo, el cual se pudre al aire libre, entre el barro húmedo.

Según este ganadero, los documentos del propio Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) señalan los efectos que produce la mosca que sale de los cultivos, entre los que se incluyen anemias y anaplasmas en los animales.

“Nosotros queremos hacer un solo frente con los ganaderos del Caribe, a ver si así nos ponen más atención y solucionamos esto de una vez por todas, porque estamos perdiendo mucho”, afirmó Álvarez.

Este sancarleño indicó que han sido muchas las instancias a las cuales se ha recurrido sin éxito, entre ellas el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), reuniones con el entonces jerarca del MAG, Alfredo Volio y visitas a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

“Todo se reduce a mandar papeles de aquí para allá, visitar gente y presentar quejas. Pero ya estamos cansados y por eso nos organizamos para demandar al Estado que no ha hecho nada por solucionarnos este problema”, advirtió.

Para este ganadero, es triste ver el estado en que quedan las reses afectadas por las moscas, pues pierden mucho peso y se vuelven muy débiles, hasta que llega el punto en que mueren.

“A mí se me han muerto dos terneras, porque cuando usted las ve ya tienen una anemia, y de tanta mosca estos animales no tienen tranquilidad, viven estresados y no saben ni dónde ponerse para quitarse la mosca de encima”, expresó.

En su criterio, también es preocupante la situación de los mantos acuíferos y los ríos cercanos a las plantaciones, pues las fumigadoras pasan chorreando sus químicos sobre los cauces y es fácil ver peces, ranas y otros animales morir debido a la presencia de estas sustancias.

“Necesitamos saber qué cantidad de esos productos llega al agua que tomamos, por eso pedimos que se hagan análisis de las aguas”, explicó.

ALTOS COSTOS
Al igual que don Álvaro, el ganadero de Veracruz de Pital, Javier Rojas, también ha perdido varios animales como consecuencia de la mosca, lo cual ha tenido un costo económico importante.

“Yo perdí un toro, unas terneras y algunas vacas, otras las hemos recuperado con inyecciones, pero es mucha plata la que se gasta en medicinas. Un animal no baja de entre medio millón y ¢400.000. A la última que se murió le metí por lo menos ¢80.000 en medicinas”, aseguró Rojas.

A diferencia de algunas comunidades del Caribe, donde las empresas piñeras al menos han colaborado colocando plásticos untados con un químico que atrae y atrapa a las moscas, en Pital las compañías no parecen preocuparse mucho.

“Donde vivo no ponen nada, una vez pedí que las pusieran y lo que mandaron fue cinco bolsas. Entonces he tenido que poner mis propias bolsas, que son entre 30 y 40. Esos plásticos hay que cambiarlos al lo menos día por medio, porque es tanta la mosca que se llenan muy rápido”, explicó.

Aseguró que inclusive él ofreció a las empresas que ellas pongan el producto y él se encarga de colocar los plásticos, pero éstas no han mostrado el más mínimo interés en el asunto.

Mariano Quesada mostró a UNIVERSIDAD la forma en que uno de sus animales ha sido especialmente afectado por la mosca. La bestia (ver fotografías) se mostraba muy flaca, y con varias partes de su cuerpo sin pelo; al tiempo que luchaba sin descanso por quitarse las moscas de encima.

“A este animal le hemos puesto muchos antibióticos, antes la tenía en otra finca, pero allá la atacaron más todavía; estoy haciendo todo lo posible por recuperarla”, comentó.

DEMANDA NECESARIA
Estos tres ganaderos junto a otros afiliados a la Cámara de Ganaderos de San Carlos, sostuvieron una reunión donde estuvo presente este periodista de UNIVERSIDAD, en la cual solicitaron al presidente de la organización, Joaquín Rodríguez, su respaldo para una demanda.

Los quejosos manifestaron a Rodríguez su “cansancio” de no encontrar una solución al problema que les ha traído el cultivo de la piña y el hecho de que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la zona no responden a sus requerimientos.

Álvaro Álvarez afirmó que uno de estos funcionarios realizaba las inspecciones a las fincas casi “sin bajarse” del carro, y en claro compadrazgo con los empresarios piñeros.

“Venimos a ver si contamos con el apoyo de la Cámara para que nos ayuden a plantear una demanda contra el Estado, contra el Ministerio de Agricultura y contra el Servicio Nacional de Seguridad Animal; si la cámara no nos apoya, en todo caso plantearíamos la demanda por nuestros propios medios”, afirmó Álvarez en la reunión.

El presidente de la Cámara de Ganaderos, respondió que conoce de la problemática que afecta a varios productores desde hace tiempo, pero que la decisión de demandar debía ser tomada por la junta directiva en una reunión posterior.

Luego la Cámara de Ganaderos tomó la decisión de poner a su nombre la demanda en contra de las instituciones citadas.

Joaquín Rodríguez declaró que es necesario dar solución inmediata a este problema que se ha extendido durante mucho tiempo.

“Tienen que hacer algo, y las personas que están en el negocio de la piña tienen que ser totalmente conscientes de que todas esas inversiones que deberían hacer para corregir esto, para que podamos convivir con las diferentes actividades”.

Rodríguez aclaró que no está en contra del cultivo de la piña, ni de que alguien ejerza su actividad productiva, pero fue enfático al afirmar que se debe poner orden a la producción de la polémica fruta.

“Nadie tiene derecho a exigirle a uno a cambiar de actividad simplemente porque les dio la gana, yo personalmente como empresario soy muy consciente de que cada uno debe ser respetuoso de las leyes del país, de las condiciones sociales y ambientales, y de que debemos producir con responsabilidad”, expresó.

Fuente: Semanario Universidad. http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/mainmenu-pais/1018-ganaderos-demandaran-al-estado-por-mosca-de-la-pina.html

CONFLICTO EN PERÚ. CRECIMIENTO ECONÓMICO VS. DESARROLLO SOSTENIBLE

La violencia se desató cuando la policía intentó desarmar los bloqueos en Bagua.
El norte de Perú - en particular las provincias de Bagua y Utcubamba, en el departamento Amazonas- se ha convertido en escenario de violentos enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas, que luchan por proteger sus territorios ancestrales.

Los incidentes ocurridos en la región de la Amazonía son los más violentos desde que culminara la insurgencia del grupo militante Sendero Luminoso en la década de los '90 y el mayor desafío que enfrenta el presidente Alan García dentro de su país, desde que asumiera el poder en 2006.

Qué dio lugar a estos enfrentamientos? ¿Qué dice el gobierno? BBC Mundo responde éstas y otras preguntas con una guía sucinta sobre las claves del conflicto.
¿Cuándo y por qué se originaron las protestas?

Las protestas protagonizadas por los indígenas y que alcanzaron su punto más álgido a comienzos de junio se iniciaron el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos promulgados por el presidente de Perú, Alan García, en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Sin embargo antes del mes de abril, los indígenas ya habían organizado una serie de protestas exigiendo la anulación de los decretos, aunque en menor escala.

¿Por que los indígenas rechazan estos decretos?
Estos decretos regulan el manejo de los recursos forestales e hídricos y facilitan a las compañías extranjeras la perforación en busca de petróleo y gas, en tierras que las comunidades indígenas consideran ancestrales.
La región de la Amazonía es además una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta.

En opinión de los indígenas, los decretos establecidos por García perjudican a sus comunidades al permitir la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos.
¿Qué forma tomaron las protestas?

Según le explicó a BBC Mundo Jonathan Mazower, de la organización no gubernamental Survival International, los indígenas bloquearon varios ríos. El más importante ha sido el Napo, un tributario del Amazonas utilizado por algunas compañías para transportar bienes y maquinaria.

También bloquearon caminos y pistas de aterrizaje en el norte y centro de Perú con el mismo fin y ocuparon estaciones de bombeo en los oleoductos que van del Amazonas hacia la costa.

¿Qué esperan obtener con las manifestaciones?
Los indígenas quieren que sean anulados los decretos que permiten a las compañías petroleras -como Perenco, Repsol, Petrolífera o Petrobrás, por nombrar sólo a algunas- operar sin consultar a las comunidades indígenas.
Antes de que estos decretos entrasen en vigor, las compañías tenían que consultar a las comunidades indígenas.

¿Cuál es la postura del gobierno?
• Más del 70% del Amazonas peruano está dividido en concesiones para la exploración y la explotación petrolera y gasífera.
• El gobierno peruano dice que planea ser autosuficiente en lo que respecta al suministro interno de hidrocarburos para 2011.
• En 2008, Perú produjo cerca de 50 millones de barriles de petróleo.
• Las estadísticas oficiales indican que hay alrededor de 100 compañías mineras a cargo de 600 proyectos en Perú.

Según el gobierno, la nueva legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas.

Además, el gobierno dice necesitar estos decretos para cumplir con los acuerdos establecidos en el TLC con EE.UU.

Por otra parte, el presidente Alan García insiste en la necesidad de atraer a la inversión privada para estimular la economía siempre y cuando se respete lo que establecen las leyes.

Cabe recordar que el año pasado Perú experimentó un boom de crecimiento del 9,84% anual, convirtiéndose en una de las economías de mejor desempeño en 2008.

¿Hay uniformidad dentro de la postura del gobierno?
No.

El decreto también ha sido criticado por algunos grupos parlamentarios que lo consideran "anticonstitucional" y opinan que -en efecto- favorece la "extranjerización" de la tierra.

Antes de que estallara la violencia, algunos congresistas -señala Mazower- se habían mostrado dispuestos a iniciar negociaciones con las organizaciones indígenas y suspender los decretos que estaban causando tanto conflicto.

¿Qué repercusiones ha tenido el conflicto fuera del país?
Bolivia negó estar detrás de los disturbios en Perú.

El domingo, García dijo que detrás de los disturbios están las potencias extranjeras que compiten por la explotación de petróleo, gas y minerales. Si bien no hizo mención a países específicos, para muchos fue una clara alusión a los gobiernos de Bolivia y Venezuela.
Bolivia se defendió, negando cualquier injerencia en los hechos que están ocurriendo en Perú.

El gobierno de Venezuela no ha hecho comentarios respecto a las acusaciones de García, pero la ministra venezolana para Asuntos Indígenas criticó duramente las acciones contra las comunidades nativas tomadas por el gobierno de García y calificó lo ocurrido en Perú de "genocidio".

Tomado de BBC MUNDO: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/06/090608_1226_peru_qa_lp.shtml

TIBURONES, DROGAS, MENTIRAS Y CORRUPCIÓN EN COSTA RICA

El Capitán Paul Watson, de la organización ecologista "Sea Shepherd Conservation Society", denunció que Costa Rica es uno de los países más destructivos de tiburón del planeta, mientras que la mafia del aleteo de tiburón controla el puerto de Puntarenas.

Shepherd, de gran prestigio por combatir a los pesqueros de ballenas y tiburones en todos los mares de la Tierra, aseguró (http://www.seashepherd.org/news-and-media/editorial-090618-1.html) que en el puerto de Puntarenas “la mafia del aleteo de tiburón controla la policía y los juzgados, tiene comprados a los políticos locales y tentáculos que deslizan su corrupción en las burocracias del gobierno en San José”.

En la denuncia, publicada por http://bloglemu.blogspot.com/2009/06/tiburones-drogas-mentiras-y-corrupcion.html, Sheperd aseguró que ha observado como la población de tiburones ha disminuido a un ritmo alarmante en aguas de Isla del Coco y a lo largo de la costa de Costa Rica.

“Es una grave situación y esta disminución está alimentada por la corrupción política y burocrática costarricense. El alcance de esta actividad criminal puede verse en la reciente incautación por parte de las autoridades mexicanas de una tonelada de cocaína hallada en los cuerpos congelados de los tiburones a bordo de la nave mercante Dover Strait”.

Los tiburones congelados fueron cargados a la nave en Puntarenas, donde la industria ilegal del aleteo de tiburón opera abiertamente y sin intervención policial, sostiene Watson, quien se ha autodefinido como un “pirata bueno”, por sus métodos de combate para preservar el ambiente.

En México, inspectores de la Marina en el puerto de Progreso, en el estado de Yucatán, detectaron anomalías en dos contenedores durante una rutina de rayos X.

Los inspectores dirigieron la atención hacia un cargamento de tiburones. Después de abrir a uno de los tiburones congelados, hallaron bolsas negras que contenían paquetes rectangulares llenos de cocaína.

Las autoridades recuperaron en total de 870 paquetes de cocaína de 894 kilogramos de peso, lo que ha causado un escándalo en Costa Rica por vínculos del empresario, pescador y exportador de tiburones, con el tráfico de cocaína hacia México.

Incluso, el empresario costarricense Sigifredo Ceciliano Gamboa, formó parte de una delegación de empresarial a México, organizada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, y en la capital de la nación norteña brindó y participó en una sesión fotográfica con el presidente Oscar Arias Sánchez en la delegación diplomática nacional.

De acuerdo con Watson, “los mismos elementos criminales implicados en el aleteo ilegal están también implicados en el comercio ilegal de drogas. Acabar con los implicados en el aleteo en Costa Rica contribuiría a devastar a los traficantes de drogas”.

Por su parte, Julie Andersen de Shark Angels, al referirse al caso dijo que “tal vez la gente verá ahora el comercio de aletas de tiburón por lo que es: una industria repugnante y destructiva en la que abunda el asesinato, avaricia, tríadas y enormes cantidades de dinero… igual que el comercio de drogas”.

“Aunque espantoso, resulta apenas sorprendente que las drogas sean escondidas en la carne de tiburón, pues se ha informado que los traficantes de drogas han estado durante tiempo limpiando dinero sucio a través del comercio del aleteó”, agregó.

De acuerdo con Andersen, “lo que muchos no ven sin embargo, es que al ritmo en que los tiburones están despareciendo de nuestros océanos, su valor pronto podría superar al valor de la cocaína incautada, no solo en la mesa si no para nuestros océanos que se balancean al límite”.

Watson explica en su comentario que las operaciones de Sea Shepherd en Costa Rica se vieron detenidas en el 2005 después que su organización equipara a los vigilantes de Isla del Coco con material para el cumplimiento de la ley, generadores, radares y equipo.

Relata que ocho pescadores “simplemente nos acusaron de intentar asesinarlos y a pesar del video que cubría todas las actividades de Sea Shepherd, y sin más prueba que la de sus acusaciones, los tribunales de Puntarenas ordenaron mi arresto y detención durante un año mientras investigaban la acusación”.

“Más tarde un juez contactó conmigo para decirme que la orden podría ser revocada por 100.000 dólares. Contesté que no acostumbro a jugar a este tipo de juegos”, denunció.

“En este mismo momento en los muelles de Puntarenas, los traficantes del aleteo están cargando y descargando aletas de tiburón, secándolas en los tejados de sus casas y probablemente la mayoría esté metiendo cocaína en los cuerpos de los tiburones antes de que sean congelados”, afirmó.

“Todavía nadie de la policía costarricense u oficial de la guardia costera ha investigado seriamente esta guarida de matanza y corrupción”, sostiene Watson.

“El vicio y el soborno son la pauta en Puntarenas. Jueces, fiscales y policía están pagados y la interminable destrucción de los ecosistemas marinos sigue sin disminuir”, reiteró en su denuncia.

Añadió que “las aletas de tiburón y las drogas, el soborno y la corrupción, la destrucción ecológica, la pesca ilegal y la contaminación por productos químicos son el mal que ha tomado posesión en Costa Rica”.

“Pronto la ‘costa rica’ ya no podrá ser rica en diversidad y la destrucción de los tiburones y el colapso de las pesquerías anunciarán la destrucción de la nación de Costa Rica, una nación que está siendo mermada por aquellos cuya obligación es proteger políticamente y legalmente al país”, prevé el Capitán Watson.

Dijo que Costa Rica ha disfrutado los frutos del mito de que es una especie de paraíso ecológico, pero “la verdad es que Costa Rica es uno de los países más corruptos y ecológicamente más destructivos de Latino América”.

Sostiene que Ecuador, Panamá y Colombia están mucho más preocupados por los temas ecológicos y el control de los delitos medioambientales de lo que lo está Costa Rica.

Sin embargo, resaltó que Costa Rica posee una buena agencia de relaciones públicas y una firme corriente de aparentar el cumplimiento de las normas protectoras del medioambiente “que hace mantenerla verde como una esmeralda desde fuera mientras una corriente putrefacta penetra dentro del país”.

“Al margen de la contaminación por productos químicos derivados de la industria del banano y de la destrucción de los bosques tropicales por parte de la industria maderera, Costa Rica es uno de los países más destructivos de tiburón de la Tierra”, lamentó Watson.
Tomado de: Nuestro País (http://www.elpais.cr)

EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

24 de junio del 2009

Ante noticias de prensa según las cuáles la Junta Directiva de SENARA adoptó una directriz, el 2 de junio del 2009 que limita de manera expresa la comunicación de los técnicos de dicho departamento de SENARA fuera de dicha entidad (oficio JD-074-09, dirigido a todo el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, firmado por Iveth Castillo Ruiz, Secretaria de la Junta Directiva, comunicando el acuerdo Nº3751 tomado en sesión extraordinaria número 267-09, del 27 de mayo del 2009 ( ), las organizaciones, comunidades, profesionales y personas firmantes del presente comunicado.

DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PUBLICA este nuevo intento de coartar la comunicación con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica al estipular dicha directriz que “cuando se consulte el criterio de SENARA a través de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por parte de entidades públicas o particulares, la respuesta se debe canalizar a través de la Gerencia”


EXIGIMOS que, contrariamente a los que deja entender dicha directriz de la Junta Directiva, cuando establece que “ no es competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le compete ejercer y resolver al MINAET, ni le corresponde definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales, ni sobre aspectos relativos a los servicios de suministro de agua potable o alcantarillado sanitario, cuya competencia corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, SENARA está en la obligación de emitir pronunciamientos relativos a la planificación urbana, el aprovechamiento de aguas o los servicios de agua potable, en tanto es la dependencia estatal que conoce de los caudales naturales aprovechables y los límites que no se deben de sobrepasar para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.

EXIGIMOS que SENARA mantenga entre sus atribuciones y competencias la emisión de criterios técnicos independientes y libres de toda interferencia política, tales como la regulación del crecimiento urbano en ZONAS DE RECARGA ACUIFERA o ZONAS DE EXTREMA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACION.

DENUNCIAMOS las acciones realizadas por la Cámara Nacional de Perforadores de Pozos con el apoyo del Ministerio de la Competitividad para intentar evadir los criterios técnicos que anteriormente, el Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA había elaborado con el fin de garantizar un uso equitativo, razonable y sostenible del recurso hídrico

DENUNCIAMOS ante la opinión pública que la Junta Directiva del SENARA haya aprobado una modificación expresa de los requisitos de perforación existentes a la fecha, lo que permitiría que entre el 90 y 95% de las solicitudes de pozos tengan que ser aprobado. Dicha modificación responde al criterio erróneo de que es ahora el MINAET la institución que aprueba la concesión y que por lo tanto, la perforación, al no tener ningún impacto desde el punto de vista ambiental, debe ser aprobada por dicha entidad.

RECORDAMOS que varias organizaciones ambientalistas, comunitarias y universitarias ya habían denunciado en febrero del 2009 el intento del anterior titular del MÍNAET, el señor Roberto Dobles Mora, de eliminar a SENARA y en particular a su Departamento de Área de Aguas Subterráneas, por medio del borrador del Proyecto de Ley sobre el Recurso Hídrico (exp. 14.585) de febrero del 2009 ( ).

EXIGIMOS DE INMEDIATO que esta directriz de SENARA sea revisada con el fin de mantener las mismas condiciones de independencia y de comunicación con el exterior del antiguo Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA, hoy llamado “Dirección de Investigación y Gestión Hídrica”, al ser la instancia técnica que en los últimos años, ha servido con una ética y con un compromiso en favor de la gestión sostenible del recurso hídrico, las distintas peticiones de comunidades tan variadas como Sardinal, San Antonio de Belén, San Rafael de Heredia, San Luis y Miguel de Santo Domingo de Heredia, Aguas Zarcas de San Carlos y muchas otras más.

ADVERTIMOS A LA CIUDADANIA que el proceso de control político iniciado en las instancias del MINAET mediante procesos de modernización y transformación dirigidos desde el Ministerio de la Competitividad y su titular, el Señor Jorge Woodbridge, ya han permeado a la SETENA (abril del 2008), y que posiblemente el cambio de nomenclatura de “Departamento de Aguas Subterráneas” a “Dirección de Investigación y Gestión Hídrica” operado en febrero del 2009 y la reciente directriz adoptada el pasado mes de junio del 2009 por la Junta Directiva del SENARA forman parte de la misma estrategia tendiente a someter la divulgación de datos e información técnica a jerarcas que obedecen a criterios eminentemente políticos.



ENTIDADES FIRMANTES
Asociación Ambiental para América Latina - Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia – Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la UCR - Asociación Programas Sociales de Dominical – Asociación Conservacionista Dos Brazos de Río Tigre (Puerto Jiménez, Península de Osa) – Asociación Justicia para la Naturaleza - Comisión Ambiental de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la UCR - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia – Comité Bandera Azul Ecológica de Dominical de Osa - Comité Bandera Azul Ecológica Vara Blanca de Heredia - Comité Patriótico de San Pablo de Heredia - Comité Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho - Comité Patriótico de San Miguel de Desamparados – Confraternidad Guanacasteca - Consultorio Jurídico Ambiental (Facultad de Derecho, UCR) - Fundación Araucania - Movimiento Patriótico Félix Arcadio Montero de Santo Domingo - Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO

PERSONAS A TITULO INDIVIDUAL
José Francisco ALFARO, abogado - María de los Angeles ALVAREZ FERNÁNDEZ, Ingeniera agrónoma - Gadi AMIT, ecologista - Ximena ARANEDA, economista – Rafael ARCE MESEN, Director de la Escuela de Geografía (UCR) - Jorge F. BALDIOCEDA, Abogado y Notario, Global Legal Advisors - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho (UCR) – Victoria Eugenia BORBÓN PINEDA, Licenciada en Orientación, Miembra del Movimiento Humanista y de la Red de Educadores Humanistas - José BRENES ANDRE, ex Profesor de Física (UCR), Director y Fundador de la Red Ciudadana de Estaciones Metereologicas - Rafael Guido BRENES ACUÑA, pensionado del Poder Judicial, ex - Profesor de la Escuela Judicial - Rolando CASTRO CORDOBA, abogado -– Charlotte CONEJO ALVARADO, guía turística - Gabriela CUADRADO QUESADA, abogada - César HINES CESPEDES, Profesor, Facultad de Derecho (UCR). - Christoph HUBMANN, Ingeniero Forestal (Nosara) - Guillermo QUIROS ALVAREZ, Oceanógrafo Físico, profesor universitario - María del Mar SOLANO ARCE, Bach. en Gestión Ambiental (UNA) - Anacristina ROSSI, escritora - Mariano SÁENZ VEGA, Profesor, Escuela de Sociología (UCR) - Álvaro SAGOT RODRIGUEZ, Consultor y profesor de derecho ambiental (UNA) - Claudine SIERRA, Bióloga - Óscar Mario SOLANO AGUILAR, Médico, Hospital San Juan de Dios, CCSS. Docente Escuela de Medicina (UCR) - Rodolfo STANLEY GONZALEZ, artista - José María VILLALTA FLORÉZ-ESTRADA, abogado, presentador del Programa Era Verde del Canal 15 de la UCR, Asesor legislativo – Alvaro UGALDE VIQUEZ, Ex Director del Sistema de Parques Nacionales del MINAE –


Si desea suscribir este documento, puede enviar el nombre de la comunidad, entidad o asociación que quiera unirse como firmante del mismo, o bien el nombre de personas o profesionales independientes a titulo individual, precisando su calidades, o unidades en las que enseñan escribiendo "YO FIRMO" a: manifiestoparacr@gmail.com