El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas. Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible
El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.
En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex-presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.
El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.
Colombia, como país minero, es la máxima apuesta de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con la firma de los TLC. El objetivo es crear un marco jurídico de carácter supraconstitucional, para obtener jugosas ganancias a través de eliminar los requisitos de desempeño y brindarles Trato Nacional a las grandes compañías mineras. Además, abre las puertas para que podamos ser demandados por estas empresas en caso de que el Estado se interponga en sus intereses económicos o no logren obtener las utilidades esperadas en sus proyectos, caso en el que la nación tendría que indemnizarlos. Para ello ha entregado en concesión cinco millones de hectáreas y otras cinco están en proceso de titulación minera. Son 100.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que se entregan a los extranjeros, cinco veces más que todo El Salvador, o casi la totalidad del territorio hondureño.
Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible. En unos se comienzan a implementar con resultados positivos modelos de desarrollo y consumo diferentes al impuesto por el libre comercio. En otros, como el nuestro, hay un ascenso de los procesos que enfrentan la agresión causada por las transnacionales, en contravía de los intereses de comunidades, trabajadores y pequeños mineros.
Con esa naturaleza se creó recientemente la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Su objetivo es articular acciones y buscar la unidad de los sectores que están siendo agredidos y desplazados de sus actividades productivas y laborales por la ilimitada voracidad de las compañías mineras extranjeras, con la complicidad del gobierno nacional. Su avance irá evidenciando el creciente descontento de los sectores democráticos del país frente a este modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestras riquezas naturales sin beneficios para los nacionales. La derrota de la actual política minera dependerá de la unidad y movilización de la sociedad colombiana en torno a este objetivo común.
En el mismo sentido caminan los movimientos sociales en el resto del continente. En cada país se vienen constituyendo frentes y redes que confrontan los grandes proyectos mineros, sumados a esfuerzos latinoamericanos de unidad en torno a la gran minería transnacional, como el abierto en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos”, realizado entre el 20 y el 22 de abril en San Salvador. La Alianza Social Continental también se presenta como un espacio de articulación, apoyo e impulso de estas luchas.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, es indudable que la mejor alternativa para los intereses nacionales será la del candidato cuyo programa de gobierno manifieste sin ambigüedades su oposición al neoliberalismo y al saqueo de los recursos naturales, y plantee un modelo económico alternativo, que se aleje de Washington y se acerque a las verdaderas necesidades de las mayorías de sus habitantes. www.ecoportal.net
Cedetrabajo/Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca.
www.recalca.org.co/
