domingo, 28 de junio de 2009

TIBURONES, DROGAS, MENTIRAS Y CORRUPCIÓN EN COSTA RICA

El Capitán Paul Watson, de la organización ecologista "Sea Shepherd Conservation Society", denunció que Costa Rica es uno de los países más destructivos de tiburón del planeta, mientras que la mafia del aleteo de tiburón controla el puerto de Puntarenas.

Shepherd, de gran prestigio por combatir a los pesqueros de ballenas y tiburones en todos los mares de la Tierra, aseguró (http://www.seashepherd.org/news-and-media/editorial-090618-1.html) que en el puerto de Puntarenas “la mafia del aleteo de tiburón controla la policía y los juzgados, tiene comprados a los políticos locales y tentáculos que deslizan su corrupción en las burocracias del gobierno en San José”.

En la denuncia, publicada por http://bloglemu.blogspot.com/2009/06/tiburones-drogas-mentiras-y-corrupcion.html, Sheperd aseguró que ha observado como la población de tiburones ha disminuido a un ritmo alarmante en aguas de Isla del Coco y a lo largo de la costa de Costa Rica.

“Es una grave situación y esta disminución está alimentada por la corrupción política y burocrática costarricense. El alcance de esta actividad criminal puede verse en la reciente incautación por parte de las autoridades mexicanas de una tonelada de cocaína hallada en los cuerpos congelados de los tiburones a bordo de la nave mercante Dover Strait”.

Los tiburones congelados fueron cargados a la nave en Puntarenas, donde la industria ilegal del aleteo de tiburón opera abiertamente y sin intervención policial, sostiene Watson, quien se ha autodefinido como un “pirata bueno”, por sus métodos de combate para preservar el ambiente.

En México, inspectores de la Marina en el puerto de Progreso, en el estado de Yucatán, detectaron anomalías en dos contenedores durante una rutina de rayos X.

Los inspectores dirigieron la atención hacia un cargamento de tiburones. Después de abrir a uno de los tiburones congelados, hallaron bolsas negras que contenían paquetes rectangulares llenos de cocaína.

Las autoridades recuperaron en total de 870 paquetes de cocaína de 894 kilogramos de peso, lo que ha causado un escándalo en Costa Rica por vínculos del empresario, pescador y exportador de tiburones, con el tráfico de cocaína hacia México.

Incluso, el empresario costarricense Sigifredo Ceciliano Gamboa, formó parte de una delegación de empresarial a México, organizada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, y en la capital de la nación norteña brindó y participó en una sesión fotográfica con el presidente Oscar Arias Sánchez en la delegación diplomática nacional.

De acuerdo con Watson, “los mismos elementos criminales implicados en el aleteo ilegal están también implicados en el comercio ilegal de drogas. Acabar con los implicados en el aleteo en Costa Rica contribuiría a devastar a los traficantes de drogas”.

Por su parte, Julie Andersen de Shark Angels, al referirse al caso dijo que “tal vez la gente verá ahora el comercio de aletas de tiburón por lo que es: una industria repugnante y destructiva en la que abunda el asesinato, avaricia, tríadas y enormes cantidades de dinero… igual que el comercio de drogas”.

“Aunque espantoso, resulta apenas sorprendente que las drogas sean escondidas en la carne de tiburón, pues se ha informado que los traficantes de drogas han estado durante tiempo limpiando dinero sucio a través del comercio del aleteó”, agregó.

De acuerdo con Andersen, “lo que muchos no ven sin embargo, es que al ritmo en que los tiburones están despareciendo de nuestros océanos, su valor pronto podría superar al valor de la cocaína incautada, no solo en la mesa si no para nuestros océanos que se balancean al límite”.

Watson explica en su comentario que las operaciones de Sea Shepherd en Costa Rica se vieron detenidas en el 2005 después que su organización equipara a los vigilantes de Isla del Coco con material para el cumplimiento de la ley, generadores, radares y equipo.

Relata que ocho pescadores “simplemente nos acusaron de intentar asesinarlos y a pesar del video que cubría todas las actividades de Sea Shepherd, y sin más prueba que la de sus acusaciones, los tribunales de Puntarenas ordenaron mi arresto y detención durante un año mientras investigaban la acusación”.

“Más tarde un juez contactó conmigo para decirme que la orden podría ser revocada por 100.000 dólares. Contesté que no acostumbro a jugar a este tipo de juegos”, denunció.

“En este mismo momento en los muelles de Puntarenas, los traficantes del aleteo están cargando y descargando aletas de tiburón, secándolas en los tejados de sus casas y probablemente la mayoría esté metiendo cocaína en los cuerpos de los tiburones antes de que sean congelados”, afirmó.

“Todavía nadie de la policía costarricense u oficial de la guardia costera ha investigado seriamente esta guarida de matanza y corrupción”, sostiene Watson.

“El vicio y el soborno son la pauta en Puntarenas. Jueces, fiscales y policía están pagados y la interminable destrucción de los ecosistemas marinos sigue sin disminuir”, reiteró en su denuncia.

Añadió que “las aletas de tiburón y las drogas, el soborno y la corrupción, la destrucción ecológica, la pesca ilegal y la contaminación por productos químicos son el mal que ha tomado posesión en Costa Rica”.

“Pronto la ‘costa rica’ ya no podrá ser rica en diversidad y la destrucción de los tiburones y el colapso de las pesquerías anunciarán la destrucción de la nación de Costa Rica, una nación que está siendo mermada por aquellos cuya obligación es proteger políticamente y legalmente al país”, prevé el Capitán Watson.

Dijo que Costa Rica ha disfrutado los frutos del mito de que es una especie de paraíso ecológico, pero “la verdad es que Costa Rica es uno de los países más corruptos y ecológicamente más destructivos de Latino América”.

Sostiene que Ecuador, Panamá y Colombia están mucho más preocupados por los temas ecológicos y el control de los delitos medioambientales de lo que lo está Costa Rica.

Sin embargo, resaltó que Costa Rica posee una buena agencia de relaciones públicas y una firme corriente de aparentar el cumplimiento de las normas protectoras del medioambiente “que hace mantenerla verde como una esmeralda desde fuera mientras una corriente putrefacta penetra dentro del país”.

“Al margen de la contaminación por productos químicos derivados de la industria del banano y de la destrucción de los bosques tropicales por parte de la industria maderera, Costa Rica es uno de los países más destructivos de tiburón de la Tierra”, lamentó Watson.
Tomado de: Nuestro País (http://www.elpais.cr)

jueves, 25 de junio de 2009

EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

24 de junio del 2009

Ante noticias de prensa según las cuáles la Junta Directiva de SENARA adoptó una directriz, el 2 de junio del 2009 que limita de manera expresa la comunicación de los técnicos de dicho departamento de SENARA fuera de dicha entidad (oficio JD-074-09, dirigido a todo el personal de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, firmado por Iveth Castillo Ruiz, Secretaria de la Junta Directiva, comunicando el acuerdo Nº3751 tomado en sesión extraordinaria número 267-09, del 27 de mayo del 2009 ( ), las organizaciones, comunidades, profesionales y personas firmantes del presente comunicado.

DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PUBLICA este nuevo intento de coartar la comunicación con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica al estipular dicha directriz que “cuando se consulte el criterio de SENARA a través de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, por parte de entidades públicas o particulares, la respuesta se debe canalizar a través de la Gerencia”


EXIGIMOS que, contrariamente a los que deja entender dicha directriz de la Junta Directiva, cuando establece que “ no es competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le compete ejercer y resolver al MINAET, ni le corresponde definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales, ni sobre aspectos relativos a los servicios de suministro de agua potable o alcantarillado sanitario, cuya competencia corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, SENARA está en la obligación de emitir pronunciamientos relativos a la planificación urbana, el aprovechamiento de aguas o los servicios de agua potable, en tanto es la dependencia estatal que conoce de los caudales naturales aprovechables y los límites que no se deben de sobrepasar para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.

EXIGIMOS que SENARA mantenga entre sus atribuciones y competencias la emisión de criterios técnicos independientes y libres de toda interferencia política, tales como la regulación del crecimiento urbano en ZONAS DE RECARGA ACUIFERA o ZONAS DE EXTREMA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACION.

DENUNCIAMOS las acciones realizadas por la Cámara Nacional de Perforadores de Pozos con el apoyo del Ministerio de la Competitividad para intentar evadir los criterios técnicos que anteriormente, el Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA había elaborado con el fin de garantizar un uso equitativo, razonable y sostenible del recurso hídrico

DENUNCIAMOS ante la opinión pública que la Junta Directiva del SENARA haya aprobado una modificación expresa de los requisitos de perforación existentes a la fecha, lo que permitiría que entre el 90 y 95% de las solicitudes de pozos tengan que ser aprobado. Dicha modificación responde al criterio erróneo de que es ahora el MINAET la institución que aprueba la concesión y que por lo tanto, la perforación, al no tener ningún impacto desde el punto de vista ambiental, debe ser aprobada por dicha entidad.

RECORDAMOS que varias organizaciones ambientalistas, comunitarias y universitarias ya habían denunciado en febrero del 2009 el intento del anterior titular del MÍNAET, el señor Roberto Dobles Mora, de eliminar a SENARA y en particular a su Departamento de Área de Aguas Subterráneas, por medio del borrador del Proyecto de Ley sobre el Recurso Hídrico (exp. 14.585) de febrero del 2009 ( ).

EXIGIMOS DE INMEDIATO que esta directriz de SENARA sea revisada con el fin de mantener las mismas condiciones de independencia y de comunicación con el exterior del antiguo Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA, hoy llamado “Dirección de Investigación y Gestión Hídrica”, al ser la instancia técnica que en los últimos años, ha servido con una ética y con un compromiso en favor de la gestión sostenible del recurso hídrico, las distintas peticiones de comunidades tan variadas como Sardinal, San Antonio de Belén, San Rafael de Heredia, San Luis y Miguel de Santo Domingo de Heredia, Aguas Zarcas de San Carlos y muchas otras más.

ADVERTIMOS A LA CIUDADANIA que el proceso de control político iniciado en las instancias del MINAET mediante procesos de modernización y transformación dirigidos desde el Ministerio de la Competitividad y su titular, el Señor Jorge Woodbridge, ya han permeado a la SETENA (abril del 2008), y que posiblemente el cambio de nomenclatura de “Departamento de Aguas Subterráneas” a “Dirección de Investigación y Gestión Hídrica” operado en febrero del 2009 y la reciente directriz adoptada el pasado mes de junio del 2009 por la Junta Directiva del SENARA forman parte de la misma estrategia tendiente a someter la divulgación de datos e información técnica a jerarcas que obedecen a criterios eminentemente políticos.



ENTIDADES FIRMANTES
Asociación Ambiental para América Latina - Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia – Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la UCR - Asociación Programas Sociales de Dominical – Asociación Conservacionista Dos Brazos de Río Tigre (Puerto Jiménez, Península de Osa) – Asociación Justicia para la Naturaleza - Comisión Ambiental de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la UCR - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia – Comité Bandera Azul Ecológica de Dominical de Osa - Comité Bandera Azul Ecológica Vara Blanca de Heredia - Comité Patriótico de San Pablo de Heredia - Comité Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho - Comité Patriótico de San Miguel de Desamparados – Confraternidad Guanacasteca - Consultorio Jurídico Ambiental (Facultad de Derecho, UCR) - Fundación Araucania - Movimiento Patriótico Félix Arcadio Montero de Santo Domingo - Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO

PERSONAS A TITULO INDIVIDUAL
José Francisco ALFARO, abogado - María de los Angeles ALVAREZ FERNÁNDEZ, Ingeniera agrónoma - Gadi AMIT, ecologista - Ximena ARANEDA, economista – Rafael ARCE MESEN, Director de la Escuela de Geografía (UCR) - Jorge F. BALDIOCEDA, Abogado y Notario, Global Legal Advisors - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho (UCR) – Victoria Eugenia BORBÓN PINEDA, Licenciada en Orientación, Miembra del Movimiento Humanista y de la Red de Educadores Humanistas - José BRENES ANDRE, ex Profesor de Física (UCR), Director y Fundador de la Red Ciudadana de Estaciones Metereologicas - Rafael Guido BRENES ACUÑA, pensionado del Poder Judicial, ex - Profesor de la Escuela Judicial - Rolando CASTRO CORDOBA, abogado -– Charlotte CONEJO ALVARADO, guía turística - Gabriela CUADRADO QUESADA, abogada - César HINES CESPEDES, Profesor, Facultad de Derecho (UCR). - Christoph HUBMANN, Ingeniero Forestal (Nosara) - Guillermo QUIROS ALVAREZ, Oceanógrafo Físico, profesor universitario - María del Mar SOLANO ARCE, Bach. en Gestión Ambiental (UNA) - Anacristina ROSSI, escritora - Mariano SÁENZ VEGA, Profesor, Escuela de Sociología (UCR) - Álvaro SAGOT RODRIGUEZ, Consultor y profesor de derecho ambiental (UNA) - Claudine SIERRA, Bióloga - Óscar Mario SOLANO AGUILAR, Médico, Hospital San Juan de Dios, CCSS. Docente Escuela de Medicina (UCR) - Rodolfo STANLEY GONZALEZ, artista - José María VILLALTA FLORÉZ-ESTRADA, abogado, presentador del Programa Era Verde del Canal 15 de la UCR, Asesor legislativo – Alvaro UGALDE VIQUEZ, Ex Director del Sistema de Parques Nacionales del MINAE –


Si desea suscribir este documento, puede enviar el nombre de la comunidad, entidad o asociación que quiera unirse como firmante del mismo, o bien el nombre de personas o profesionales independientes a titulo individual, precisando su calidades, o unidades en las que enseñan escribiendo "YO FIRMO" a: manifiestoparacr@gmail.com

viernes, 19 de junio de 2009

COSTA RICA OBLIGADA A ELIMINAR AGROQUIMICOS DE FUENTES DE AGUA


Según el diario digital Nuestro País (http://www.elpais.cr/articulos.php?id=8014) la Sala Constitucional avaló 98 razones, justificadas por un grupo de 73 vecinos de cuatro comunidades del Caribe de Costa Rica, para que las autoridades sanitarias eliminen la contaminación de fuentes de agua a causa de agroquímicos usados por empresas productoras de piña.

Eliminar los residuos de agroquímicos que tiene el recurso hídrico que abastece las comunidades de El Cairo, Luisiana, La Francia y Milano en Siquirres fue lo que ordenó la Sala Constitucional al resolver dos recursos de amparo.


La puesta en marcha de un plan único de acción por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), en Siquirres, ante la contaminación que ha generado la actividad piñera, es parte de lo que establece el fallo constitucional.

En las sentencias 2009-9040 y 2009-9041, el Alto Tribunal Constitucional estableció la obligación de estas entidades públicas de atender la situación de contaminación hídrica en estas comunidades caribeñas. (Ver nota adjunta Costa Rica tiene 100 razones…)

Se ordena a María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud, a Jorge Rodríguez Quirós en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Javier Flores Galarza en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería y a Ricardo Sancho Chavarría en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua… Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta”, establecieron las resoluciones.

La Sala IV también designó al Ministerio de Salud como ente responsable del completo cumplimiento del plan único, el cual podrá ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua en el cantón caribeño.

Además, deberá informar a la Sala Constitucional en caso de que surja algún obstáculo dentro de su labor coordinadora para eliminar el envenenamiento de las fuentes de agua, en terrenos de la empresa Ojo de Agua S.A.

En ese sentido, el Ministerio de Salud podría ordenar a las empresas recurridas la prohibición absoluta del uso de agroquímicos contaminantes en las plantaciones e incluso el cierre inmediato de éstas, en caso de que no cumplan con las órdenes e instrucciones que se le dieran.

Uno de los recursos fue interpuesto por 73 vecinos a favor de las comunidades de Cairo, La Francia y Luisiana de Siquirres contra las autoridades recurridas.

Para los vecinos la molestia radica en que la plantación piñera se ubica sobre el manto acuífero, cuya naciente nutre el acueducto de esas comunidades.
Alegaron que el uso de químicos y agrotóxicos han causado una seria afectación al recurso hídrico de la zona, utilizado para el consumo humano. Además, pese a las solicitudes que han realizado ante las instituciones públicas pertinentes, la solución no llega.

Una situación similar expusieron los vecinos de Milano, también de Siquirres. El amparo lo presentó un hombre de apellidos Fallas Rodríguez y otros, al argumentar que los permisos de funcionamiento se le extendieron a la empresa sin tomar en consideración aspectos técnicos, legales y de ubicación de las siembras, con el agravante que no ha tenido acceso de esta información en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad, el Ministerio de Salud, el AyA ni el MINAET.

De acuerdo con el expediente de la Sala IV, en un resumen de hechos, presentado por los amparados y que suma 98 considerandos, la empresa cuenta con una serie de permisos sanitarios, otorgados por las instituciones respectivas, a pesar de que los cultivos están asentados sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre el acueducto de El Cairo y Luisiana.

Según la información de los vecinos, que difiere de la que divulga la empresa en su portal en la Red, Hacienda Ojo de Agua, inició operaciones en el año 2000, con una plantación de aproximadamente 20 hectáreas, que se ha expandido, presuntamente sin permiso ni estudios de impacto ambiental, en aproximadamente 300 hectáreas.

Denuncian los vecinos que esa plantación de piña, por la ubicación, pendiente e intensificación del uso de agrotóxicos, ocasiona que sus residuos se conecten directamente con el flujo hidráulico del manto acuífero que da origen a la naciente donde está la toma de los acueductos de Cairo y Luisiana.

Además, alegan que estos suelos son muy permeables, se saturan de agua muy rápidamente, dando orígen a grandes zonas de recarga acuífera que nutre a los acueductos de Cairo y Luisiana.

Por otro lado, alegan que la referida empresa ha contaminado con agrotóxicos estos acueductos, y que la zona es muy lluviosa, lo que explica por qué la tecnología utilizada en el cultivo de la piña es de gran concentración y frecuencia de uso del agrotóxico, lo que agrava la contaminación permanente de los mantos acuíferos que están en los alrededores de esta plantación.

Los vecinos pidieron a los magistrados consultar con autoridades sanitarias y expertos, quienes determinaron que lo que está pasando con el manto acuífero sobre el cual está dicha plantación de piña, es que sus residuos se filtran hasta la corriente hidráulica, contaminando el agua que consumen las familias de las comunidades circundantes a la empresa.


Los vecinos denunciaron que sus familias están tomando agua con agrotóxicos desde hace más de 6 años, y que la situación descrita viola los derechos a la vida, a la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio de legalidad y la legislación relacionada con la protección del ambiente, del agua, los recursos naturales y la biodiversidad.

Además, acusaron de negligencia en el cumplimiento de la ley por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Municipalidad de Siquirres y la empresa Hacienda de Ojo de Agua.

Fuente: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=8014.

lunes, 15 de junio de 2009

VENTA DE LOS PARQUES NACIONALES "AL MEJOR POSTOR"

Denunciamos el envío de un proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso, que pretende reducir el Parque Marino Las Baulas, y permitir proyectos que pondrían en grave peligro la importante zona protegida.

El gobierno de Oscar Arias quiere reducir la extensión del Parque Nacional Marino Las Baulas, en Guanacaste, creado en 1991, y autorizar el desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran impacto.

"Ese proyecto pondría en riesgo esa playa como el único refugio de anidación que queda en el Pacifico oriental. Recordemos que esa playa es el ultimo baluarte de las tortugas baulas en esa zona", declaro el ecologista Randall Arauz, del Proyecto de Protección de Tortugas Marinas (Pretoma). Arauz recordó que las tortugas baulas se encuentra en "amenaza critica de extinción", y que podrían dejar de existir en 10 años, por lo que es necesario que en el Parque Las Baulas no se autoricen proyectos inmobiliarios de ningún tipo, y más bien se proceda a la expropiación de las tierras privadas.

No hay Paz, más bien guerra con Naturaleza.

No es la primera acción nefasta del Gobierno de Oscar Arias. Bien hicimos en darle el calificativo de "Eco terrorista", a finales del año pasado cuando declararon de interés publico la destructiva minería de oro a cielo abierto, afirmo Luís Diego Marín Schumacher, coordinador regional de Preserve
Planet. Es muy evidente que el gobierno, desea favorecer a los inversionistas de proyectos millonarios. Este puede ser solo el principio, de la venta de las áreas protegidas del país. Agregó

En Preserve Planet estamos en alerta roja desde hace días, pues el gobierno de manera contundente declaro la guerra a la Naturaleza. Uniremos esfuerzos con vecinos de la zona, organizaciones locales e internacionales y diputados/das responsables que impedirán que el proyecto de ley logre fructificar.

C O M U N I C A D O D E P R E N S A.

San José, Costa Rica, Junio 13 del 2009.

lunes, 8 de junio de 2009

DAÑOS AMBIENTALES EN FILA COSTEÑA


Escrito por EDUARDO RAMÍREZ FLORES
(erflores@semanario.ucr.ac.cr)

Con una licencia de Viabilidad Ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para supuestamente reparar el camino de una finca, la “Corporación Ecológica Sentimientos Verdes” ha talado y removido terrenos dentro de un bosque primario cercano a Punta Uvita (cantón de Osa), a pesar de que existen desde noviembre pasado informes de atropellos al entorno montañoso.

Los daños ambientales fueron corroborados por el Defensor Adjunto de los Habitantes –Daniel Soley- y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) –adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)-, quienes inspeccionaron el lugar el 8 y 9 de mayo anterior.



También fue testigo del deterioro Jorge Lobo Segura, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) e investigador del Programa institucional Osa-Golfo Dulce, quien desde hace varios años estudia la degradación ambiental que sufre la cadena montañosa llamada Fila Costeña, la cual va paralela a la costa desde Dominical hasta Palmar Norte.Estas montañas han sido el escenario en los últimos años de un desordenado desarrollo inmobiliario y turístico, situación que ha generado enfrentamientos entre sectores ambientalistas, Municipalidad de Osa, desarrolladores, habitantes y organismos de fiscalización.

La finca en mención está ubicada unos seis kilómetros al este de Punta Uvita y pertenece a la Corporación Ecológica Sentimientos Verdes, que en el Registro Nacional aparece con Karol Barboza Valverde como presidenta de la junta directiva y “apoderada generalísima”.Entretanto, el estadounidense Michael McGinnis, tiene un poder especial como desarrollador del proyecto y para gestionar todos los permisos concernientes a la reparación del camino. La Corporación tiene como fines “el comercio en general, agricultura, proyectos de reforestación y explotación (sic) recursos maderables, el corretaje de bienes raíces, rendir fianzas y garantías, podrá comprar, arrendar, traspasar todo tipo de bienes”.

Para el biólogo Lobo Segura, lo más llamativo de la destrucción ambiental que se da en la mencionada propiedad de 38.8 hectáreas, es que cuenta con la licencia de Viabilidad Ambiental por parte de la SETENA, así como permisos municipales para la construcción del camino y de una casa.Mientras tanto, en relación con lo que vio en su visita a dicha finca, el defensor adjunto de los habitantes –Daniel Soley- aseguró que “el panorama fue desolador”.

Por su parte, el alcalde de Osa –Alberto Cole- dijo que ese municipio no ha suspendido las obras de Sentimientos Verdes, pues cuenta con todos los permisos y su oficina verificó que el área autorizada no correspondía a bosque.DAÑOS DENUNCIADOS.
En cuanto al impacto de las obras que observó a principios de mayo, el biólogo de la UCR –Lobo Segura- recordó que ya había hecho denuncias al respecto y estas fueron comprobadas por los funcionarios del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental de la SETENA, Víctor Guzmán Arguedas y Humberto Jiménez Villanueva, cuando hicieron una inspección del lugar el 20 de noviembre pasado. Dos meses antes (25-09-08), la Comisión Plenaria de la SETENA había aprobado la Viabilidad Ambiental para la reparación del camino en aquella finca, con la condición de depositar una garantía por $2.890 y nombrar el responsable ambiental de las obras. En el formulario D1 con que la SETENA autoriza la reparación de la vía, se especifica que esta tiene una longitud de 1098 metros y un ancho máximo de 4.8 metros. “El camino ya se encuentra construido y no afecta áreas de vocación forestal (...) y se ejecutará en dos meses calendario que pueden ser agosto o septiembre del presente año” (2008).

Según el acta de inspección redactada el 26 de noviembre, “existe un área sobre el camino que se extiende 16 metros demás de ancho, fuera de lo autorizado (...). Se evidenció afectación de flora, se contabilizó seis árboles cortados y vegetación menor”. Dos días después, los inspectores de la SETENA pidieron por escrito al gerente de manejo de los recursos naturales del Área de Conservación Osa (ACOSA) –Carlos Madriz-, que certificara si el camino por reparar está dentro de un área de bosque natural y si el propietario de la finca tenía permiso para cortar árboles vegetación menor.

Mientras tanto, en una denuncia que presentó el ACOSA ante la Fiscalía en Ciudad Cortés -el 28 de noviembre- contra Corporación Ecológica Sentimientos Verdes, se describen los daños dentro del bosque, y la “afectación de la zona de protección de una quebrada, ya que el sedimento (tierra) depositados en las pendientes del borde del camino, van a dar hacia el cauce de la quebrada”.

De igual manera, denunció que unos 25 árboles están marcados con pintura y en apariencia algunos “fueron envenenados, ya que se observan orificios en sus fustes, y sus ramas se encuentran totalmente secas, y otros hasta sus ramas han botado”.

Por todo lo anterior, “se solicita se dicten por parte de la Fiscalía de Osa las medidas URGENTES, en donde los señores se abstengan de realizar cualquier actividad dentro de la propiedad anteriormente denunciada”.

Pensé que con aquellas denuncias que hice en octubre y la inspección posterior de la SETENA esto se iba a parar; pero, “ahora que volvimos la construcción siguió, el camino está más avanzado y están haciendo una casa dentro del bosque”, cuestionó el biólogo Lobo Segura, quien enfatizó que la Ley Forestal no permite construir en áreas que son bosques.

En su opinión, la SETENA nunca debió dar permiso para reparar el camino que según la empresa Sentimientos Verdes existía; al darlo, se evidencia una falla en la inspección previa del sitio, dado que es boscoso.

PANORAMA DESOLADOR

Por su parte, el defensor adjunto, Daniel Soley, detalló que en el marco de auditoría ciudadana que realiza la Defensoría en aquella región y en atención de algunas denuncias que había recibido, aprovechó para conocer la situación de la finca de Sentimientos Verdes.

Allí se apersonó los días 8 y 9 de mayo a inspeccionar en compañía de tres funcionarios del SINAC-MINAET, de un topógrafo y del encargado de gestión ambiental de la Municipalidad de Osa. “Lo que encontramos fue devastador y desolador”, acotó.

Describió que en el lugar encontraron gran destrucción de bosque primario a lo largo de la mencionada trocha de más de un kilómetro; cortes de 90 grados en los terrenos y con árboles en esos bordes a punto de desbarrancarse; corta de árboles para hacer terrazas y construir una vivienda.

Soley agregó que si bien alrededor de la casa en construcción sí se dejaron los árboles, “uno podría preguntarse si era para sombra o para no ser vistos desde el aire”.
Además de calificar la situación ambiental encontrada como triste y alarmante, “podría decir un montón de adjetivos más que no podrían expresar el sentimiento de las personas que estábamos allí. Lo contradictorio es que el destructor es una empresa que se llama Corporación Ecológica Sentimientos Verdes. Lo verde era lo que menos estaba quedando allí”.

Comentó que esa zona, además de ser de bosques primarios, es un área de protección, porque en ella están las fuentes de agua que abastecen a la comunidad de Uvita.

Tras destacar la labor de los funcionarios del SINAC-MINAET durante la inspección, Soley informó que el encargado de gestión ambiental de la Municipalidad de Osa reconoció el irrespeto que se daba al permiso concedido por la SETENA y se comprometió a paralizar las obras. Sin embargo, al martes 19 de mayo no había recibido ningún informe de que esto se hubiera dado.

Explicó que con el informe de inspección elaborado por el MINAET y las fotografías tomadas, envió la información al Tribunal Ambiental Administrativo, a la SETENA, a la Fiscalía, y a la Municipalidad de Osa, para que respondieran cuanto antes sobre esta denuncia. Advirtió que para finales de mayo esa Defensoría rendiría un informe al respecto, con recomendaciones fortísimas, en las que pediremos que se establezcan las acciones del caso. Lo que aquí llama la atención es que si no hubiésemos ido a hacer esa inspección, esto no se revela. Porque ya había denuncias oportunas del MINAET desde noviembre y no ha habido una respuesta oportuna por parte de los órganos que les corresponde hacerlo”.

De acuerdo con Soley, lo que se evidencia en general es que existe una falta de coordinación institucional, lo cual sirve para que las municipalidades traten de justificar la destrucción de los bosques, “porque dicen que hay una viabilidad ambiental”. En su criterio, en el cantón de Osa hay sectores vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Pero, a estos grupos no se les puede utilizar para tratar de justificar la destrucción del bosque.

Aclaró que también hay empresarios que sí quieren desarrollar obras conforme a las leyes, por lo que “no se les puede achacar lo que algunos corsarios ambientales están haciendo (...). Lo que sí podemos exigir es una acción más fuerte por parte de las autoridades”, en especial de la SETENA y de las municipalidades.

En cuanto a los profesionales que están a cargo de las obras, Soley aseguró que ellos saben qué se ha hecho y dónde. “Habrá que ver el grado de responsabilidad que tengan, sea por comisión o por omisión”.

Se intentó conocer en la SETENA las acciones que tomarán ante los daños ambientales ocasionados por la empresa Sentimientos Verdes, pero los funcionarios que habían denunciado dicha situación desde noviembre: Víctor Guzmán y Humberto Jiménez, se encontraban en gira fuera de San José.

De igual forma, desde el miércoles 20 se trató de conocer el criterio de la jerarca de esta Secretaría, Sonia Espinosa, pero no fue posible contactarla por estar en reuniones y tampoco devolvió las llamadas.

Una de las grandes interrogantes con este órgano, es cómo aprobaron una licencia de Viabilidad Ambiental a Sentimientos Verdes, si la reparación del supuesto camino en la finca era terreno de bosque y la Ley Forestal impide su tala, así como por qué si sus propios funcionarios habían informado desde noviembre del irrespeto al permiso que autorizaron, hasta la fecha no lo han cancelado.

En relación con la Corporación Ecológica Sentimientos Verdes, este Semanario llamó al teléfono celular consignado en el permiso de viabilidad (D1) a Michael McGinnis. Sin embargo, contestó una persona que dijo no ser el estadounidense y tampoco lo conocía. Asimismo, el número aportado para recibir notificaciones no pertenece a nadie, indica el mensaje de voz al marcarlo.


Alcalde de Osa:
Las obras continúan

“Las obras obviamente continúan, porque la municipalidad no tiene elementos para suspenderlas, habiéndole otorgado los permisos con base en el cumplimiento de todos los requisitos”, informó el alcalde de Osa, Alberto Cole.

No obstante, el funcionario dijo que la oficina de la alcadía dispuso levantar una investigación sobre el cumplimiento de los permisos que ese ayuntamiento otorgó.

Cole explicó que la Corporación Ecológica Sentimientos Verdes les entregó el permiso de la SETENA y que esa municipalidad realizó una inspección previa a su autorización, con el fin de verificar que el área donde se construiría no era bosque.

A pesar de lo anterior, después agregó que hicieron dos inspecciones posteriores con equipo de posicionamiento global (GPS), para precisar si coinciden los permisos con el tipo de área. Los resultados los conocería hasta el pasado viernes 22 de mayo.

Acerca de los daños que han denunciado algunas instituciones, alegó que les pidieron a estas informes para poder resolver cualquier situación que les corresponda.

“Este es un país de derecho. Nosotros no podemos suspender, anular o clausurar una obra, si no hay un debido proceso, y si no hay fundamentos técnicos o legales para hacerlo. Si hay que hacerlo, lo haremos en su debido momento”, agregó.

Al preguntársele si conocía la denuncia que puso el Área de Conservación Osa ante la Fiscalía por los daños, aseveró que la desconocía.

En torno a esta problemática ambiental, Cole comentó que “me extraña el rigor con que se ven estas cosas; esto es cotidiano y normal no solo en Osa, sino en todo el país.
Nosotros estamos permanentemente velando porque se cumpla con lo que establece la ley. Lo que pasa es que para este cantón, cualquier cosa, cualquier construcción, cualquier situación, es satanizado”.

“No se puede –añadió- hablar de desarrollo en el cantón de Osa. La gente no tiene derecho aquí a construir nada, porque se revisa con lupa extremadamente todo, y al final es muy fácil decir que esta municipalidad es la culpable”.

(Fuente: Fecon.org

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