TÍTULOS DEL SIGLO XIX RESOLVERAN LEGALIDAD DE TALA EN HEREDIA

Lucía Villa Colaboradora de La Nación; 07/05/2011

Gobernaba el país Bernardo Soto Alfaro (1885-1889), recién se fundaba el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas y se firmaba el Código Civil.

De aquella época datan los títulos de propiedad que determinarán la legalidad de la tala de al menos 700 cipreses en una finca en Concepción de San Isidro de Heredia.

De acuerdo con la Ley n° 65 de 1888, todavía vigente, esta zona y los terrenos situados a dos kilómetros a uno y otro lado de la cima de la montaña del v olcán Barba son considerados “inalienables”.

Por ello, la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael alertó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) cuando descubrió que se estaban talando árboles y realizando movimientos de tierra en la finca a nombre de una sociedad anónima. Esto ocurrió en marzo del 2010.

Tras inspeccionar el terreno y certificar que se encontraba en la zona inalienable, el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC) –dependiente del Minaet– emitió un informe el 7 de mayo del 2010 en el que ordenó “suspender la corta”.

No obstante, en marzo del 2011, los trabajos de tala continuaban, según pudo constatar José Francisco Alfaro, presidente de la asociación ambiental.

Freddy Valerio, jefe de la oficina de Heredia del ACCVC, aseguró a este diario que el dueño de la finca cuenta con títulos de propiedad anteriores a la Ley 65, es de decir con 12 décadas de antiguedad, avalados por el regente forestal.

Sin embargo, según se consignó en el informe emitido en mayo de 2010, al cual tuvo acceso La Nación, el Minaet señaló que remitiría los documentos de propiedad a la Procuraduría General de la República, la cual debía pronunciarse. Aunque se le consultó el viernes a la Procuraduría, la oficina de prensa no logró dar con el caso.

Entre tanto, Roberto Cruz Montealegre, propietario de la finca se limitó a decir que todo estaba en orden y era legal. Según dijo, pasa poco tiempo en el país.

“Se está violando la Ley 65 de 1888 porque no existe todavía confirmación de que los títulos presentados son válidos. ¿Por qué el Minaet dio permiso?”, cuestionó Francisco Alfaro.

El decreto, establecido por el Congreso Constitucional del Gobierno de la República, se hizo con base en la utilidad pública de la conservación de las montañas donde tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen a Alajuela, Heredia y San José.

A pesar de que la norma tiene 123 años, Alfaro asegura que los motivos que le dieron origen siguen vigentes: “Toda esta zona es área de recarga acuífera, aquí se recarga el agua que toma el 70% de los habitantes del Valle Central”.

Más daños. Además de la tala de los cipreses, la Asociación denunció movimientos de tierra sin permiso para sacar madera e irrespeto a los márgenes de protección de una quebrada.

Un informe del ACCVC de abril, tras una nueva inspección, constató “el daño ambiental” producido por la apertura de una trocha a 60 centímetros de la quebrada Lajas y dos rellenos que obstruyen “por completo” su cauce.

La Municipalidad de San Isidro ordenó paralizar obras el 25 de abril y espera la decisión sobre los títulos para aclarar el asunto.

“Estamos al pendiente. Se les paralizó todo, movimientos de tractor, sierra, etc. Ellos tienen que demostrar, para poder sacar la madera, que no están dentro del decreto (de 1888)”, aseguró Melvin Villalobos, alcalde del cantón.

Alfaro, en cambio, piensa que sea legal o no, el daño ya se hizo.

Fuente: La Nación, 7 de mayo del 2011.
http://www.nacion.com/2011-05-08/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2770293.aspx

DESTRUCCIÓN EN ZONA PROTECCIÓN DE SAN ISIDRO DE HEREDIA

Después de una visita de vecinos de Concepción con miembros de FUPROVIRENA y la ASOCIACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, que alertaron por la tala de cientos de árboles, la apertura de caminos sin permisos y la violación del área de protección de un río, todo en una finca que podría ser patrimonio estatal según la ley 65 de 1888, miembros de la Municipalidad de San Isidro de Heredia junto con algunos vecinos, se apersonaron el lunes pasado al sitio de los hechos y ordenaron al responsable directo de realizarlos que detuviera cualquier actividad que se estuviera realizando.

El mismo día de la visita a la finca por los personeros de la municipalidad isidreña, los vecinos se apersonaron a la sesión municipal apoyados por miembros de algunos grupos organizados y ciudadanos heredianos, a los cuales se les dio la palabra para exponer sus puntos de vista; llegando los regidores a acordar no dar ningún permiso y más bien suspender las actividades denunciadas y que llevaban más de un año de haberse comenzado, esto hasta que se investigue la legalidad del permiso que otorgó el Ministerio de Ambiente (MINAET) para realizar la actividad de tala en una zona declarada inalienable por la Ley 65 de 1888, ley que se creo para proteger las aguas que nacen en las montañas del norte del Valle Central.

Se ventiló en la sesión municipal que aparentemente dentro de la documentación en poder de la municipalidad y aportada por la oficina del MINAET de Heredia no se encuentra ningún pronunciamiento, dictamen o resolución despachada por un órgano estatal que sustente el permiso que ha otorgado el MINAET de Heredia de devastar los cerros de Santa Cecilia.

Paradójicamente el talador que se hizo presente en la sesión municipal declaró que en el MINAET le había dicho que podía ir a talar y por otra parte el encargado de dicha oficina estatal ha declarado en alguna oportunidad que con la fe del regente forestal de que la finca está inscrita antes de la Ley 65 de 1888, ellos dieron el permiso de tala de los cipreses, sin llegar a considerar ese funcionario que la finca podría ser patrimonio estatal y sin supuestamente haber en tanto hasta ahora no se conoce, una resolución que avale cualquier reivindicación que haya presentado el poseedor actual sobre el derecho de propiedad que podría tener.

Por otra parte el pasado viernes 22 de abril miembros del MINAET se apersonaron al lugar del desastre ambiental y después de una verificación de la violación al área de protección de la Quebrada Caricias previnieron al encargado de la finca para que no se llevara a cabo ninguna actividad.

Muchos ciudadanos heredianos no entienden la débil actuación del MINAET que hasta ahora se había dado para prohttp://www.blogger.com/img/blank.gifteger la zona inalienable creada en 1888 y también cumplir la resolución 2008-2109 de agosto del 2008 de la Sala Constitucional, por medio del cual ordenó amojonar esa zona, recuperar los terrenos que están en manos privadas y no permitir que se realice ninguna actividad en el lugar; y más bien ven una inacción de la oficina estatal para proteger los terrenos que son de todos los costarricenses hasta que no se pruebe lo contrarioo

EN DEFENSA DE NUESTRAS AGUAS

En relación a dos cuestionables decretos ejecutivos firmados en los ultimos días de la Administración del Dr. Oscar Arias Sánchez en mayo del 2010 sobre perforación de pozos,  cuestionados por especialistas de la UCR, y en varias publicaciones recientes del Sindicato de Empleados de SENARA, disponibles en la prensa digital del 8 de diciembre del 2010, del 16 de marzo del 2011 y del 17 de marzo del 2011, así como del 17 de febrero del 2011, todas relacionadas al desmantelamiento al que se quiere proceder de la DIGH (Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, anteriormente, Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA), las siguientes entidades y personas ecologistas firmantes del presente Manifiesto deseamos expresar lo siguiente:

-La Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA ha demostrado un estricto apego a la ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos. A diferencia de otras entidades estatales, las cuales, en los últimos años, defienden intereses privados en detrimento de los intereses de las comunidades, con base en estudios técnicos de dudosa procedencia o muy aproximativos (casos como los de Sardinal, Baulas, Crucitas, Mar Serena, Autopistas del Sol y muchos más).

- La reciente intercepción del acuífero del Barva por la empresa Autopistas del Sol (cuyo daño asciende a 34 millones de dólares), demuestra la total negligencia de las entidades a cargo de fiscalizar este tipo de proyectos en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).

- En el caso del acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, el informe de la UCR de noviembre del 2009 indica de manera muy detallada la falta de certeza técnica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA, abreviado AyA) y del MINAET sobre la capacidad del acuífero para poder otorgar los permisos que fueron concedidos en detrimento de los intereses de la comunidad de Sardinal (ver informe del Consejo Universitario de la UCR, pp. 15-37). Informes de prensa por su parte detallan la política de persecusión contra los expertos de SENARA que contradecían la posición oficial del AyA y del MINAET en relación a este polémico proyecto.

- En el caso del Parque Marino Las Baulas, fue un informe de la DIGH de SENARA la que, contrario a lo afirmado por el mismo Gerente de SENARA ante la Sala IV, permitió que esta suspendiera proyectos que afectan el acuífero.

- En mayo del 2010, en relación al polémico caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, el funcionario de SENARA Miguel Ramírez fue de igual forma objeto de la creación en su contra de un órgano director ordenado por la Junta Direciva de SENARA por haber denunciado que los Magistrados de la Sala IV refirieron a estudios de SENARA inexistentes, y categóricamente desmentidos por los mismos técnicos de la DIGH.

En el Valle Central los estudios del 2007 de la DIGH de SENARA en relación a la sobre explotación del acuífero del Barva han demostrado el grado de negligencia de otras entidades del Estado, las cuales no parecen preocupadas en lo más mínimo en el hecho que se está extrayendo más agua de la que naturalmente produce el acuífero que abastece a más del 70 % de la población del Valle Central. En este sentido el estudio denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima, y Barva, Valle Central, publicado en abril del 2007 por SENARA, llegó a determinar que la recarga potencial calculada para los acuíferos Barva y Colima fue de 9.720 litros por segundo y la extracción calculada por medio de pozos legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 (registrados en SENARA) fue de 9.870 litros por segundo. Con los datos anteriores la demanda supera la oferta hídrica subterránea (recarga del acuífero), por lo tanto debe tomarse medidas, de no permitir perforaciones, hasta que se instalen medidores de caudal en pozos con caudales mayores a los 10 litros por segundo y se puedan reevaluar la extracción.

Apoyamos sin reserva que las atribuciones de esta DIGH y de SENARA se mantengan y sean consolidadas, tal como decisiones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República lo establecen, y hacemos desde ya un vehemente llamado a que otras organizaciones del país se lo hagan saber a las autoridades. La actual tendencia a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET ha sido aplaudida por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), la Cámara de Perforadores y diversas cámaras de la construcción, señal inequívoca de que este traslado de competencias de SENARA al MINAET resguarda primordialmente sus intereses, en detrimento de los de las comunidades.

Recordamos que en el año 2009, en dos ocasiones nuestras organizaciones y otras debimos denunciar la política de desmantelamiento dentro de SENARA realizada desde varias instancias ministeriales:

Febrero del 2009:
Manifiesto colectivo en Defensa del Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA

Junio del 2009:
Manifiesto colectivo en Defensa de las Aguas Subterráneas

Entidades firmantes:
Acueducto de Dulce Nombre de Naranjo - Asociación Ambiental del Norte de San Rafael - Asociación de Ecología Social (AESO) - Asociación Conservacionista YISKI - Asociación Pro Conservación y Defensa de los Recursos Naturales y Culturales de Guanacaste -Asociación Programas Sociales de Dominical -Bosques Nuestros - COECOCEIBA - Amigos de la Tierra - Comisión de Planificación Urbana de Desamparados de Alajuela - Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote (CDZPEC) - Comité Ambiental de Miramar -Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel - Comité Vigilancia de Recursos Naturales de Alajuela - Confraternidad Guanacasteca - Concejo Alajuelense de la Sociedad Civil - Coronado por la Naturaleza - Federación de Uniones Cantonales de Heredia - Fundación para la Protección de la Vida Silvestre y Recursos Naturales (FUPROVIRENA) -Fundación Nectandra- Fundación Neotrópica - Grupo Ambientalista Tivives - Grupo Civico Domingueño - Grupo Pachamama -Movimiento Regional Barva por la Defensa del Agua, la Dignidad y la Vida - Oilwatch Costa Rica - Oilwatch Mesoamérica - Preserve Planet - Universidad para la Cooperación Internacional (UCI)

Personas firmantes en su calidad personal:
José Francisco ALFARO, Abogado - Bernardo AGUILAR GONZALEZ,
Profesor adjunto, Northern Arizona University (EEUU), Presidente, Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica - Gadi AMIT, Ecologista - Allan ASTORGA GATTGENS, Geólogo, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología (UCR) - Ana Lorena ARIAS ZÚÑIGA, Ingeniera ambiental, Profesora en la Escuela de Ingeniería Ambiental (ITCR) y en Ingeniería Civil (UCR) - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho (UCR) y Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN - Rafael Guido BRENES ACUÑA, Pensionado del Poder Judicial, ex-Profesor de la Escuela Judicial - María Teresa KOBERG GUTIÈRREZ, Escritora y ambientalista - Jorge LOBO SEGURA, Catedrático, Escuela de Biología, UCR - Juan Carlos MENDOZA GARCIA, Diputado y Jefe de fracción, Asamblea Legislativa - Claudio MONGE PEREIRA, Diputado, Asamblea Legislativa - Eduard MULLER, Vicepresidente para México, Centroamérica y Caribe hispano de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (UICN) - Elsa Grettel ORTIZ ALVAREZ, Profesora (ITCR), Ex Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa - Alicia Silvia PIFARRË PAN, Abogada - Álvaro SAGOT RODRIGUEZ, Consultor ambiental y Profesor de la UNA y de la UCR - Astrid SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Biologa, Ayunante contra la minería en Crucitas - Sonia TORRES ARGUEDAS, Ingeniera Forestal - - Warren SOLANO MORA, Artista plástico. - Álvaro UGALDE VIQUEZ, Ex-Director del Sistema de Parques Nacionales del MINAE - Edison VALVERDE ARAYA, Escritor y Caminante por la Vida - José María VILLALTA FLORÉZ-ESTRADA, Diputado, Asamblea Legislativa
Si desea suscribir este Manifiesto Colectivo, enviar el nombre de su asociación, entidad o programa; o si lo quiere hacer a título personal, enviar su nombre completo y calidades a :manifiestoparacr@gmail.com

Fuente: ELPAIS.CR

AGUA Y GASOLINERAS: ¿HASTA CUANDO?

La Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, el Comité Bandera Azul de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, la Fundación Araucania y la Fundación para la Protección de la Vida Silvestre y Recursos Naturales FUPROVIRENA) hacen un vehemente llamado ante la opinión pública en relación a una estación de gasolina que se levanta desde el mes de enero del 2011 en el cantón de San Isidro de Heredia. Nuestras organizaciones externan su profunda preocupación en razón de que San Isidro de Heredia, así como San Rafael de Heredia, Santa Barbara, Barva y otros de nuestros cantones constituyen una estratégica zona de recarga del aquifero del Barva que abastece a más de 75% de la población del Valle Central.

Hacemos además ver que, a la fecha, el cantón de San Isidro de Heredia no cuenta con un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica validado por SENARA que le permita con certeza ubicar actividades industriales susceptibles de generar daños graves al acuífero que subyace y que comparte con otros cantones. Esta Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeologica fue exigido por la Sala Constitucional en el voto 2008-12109 del 6 de agosto del 2008 a las autoridades municipales de San Isidro de Heredia, así como a 7 cantones más. Este mapa debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones técnicas que SENARA ha elaborado en el 2009, y contar con la validación posterior de esta entidad estatal para ser considerado como tal.

En relación a la estación de gasolina, actividad industrial cuyos efectos son devastadores en casos de accidente o de derrame, nuestras organizaciones quieren recordar que un proyecto de gasolinera ubicado en una zona menos alta, en San Luis de Santo Domingo (cruce con la Ruta 32) fue suspendido por esto y otros motivos en el voto 2008- 12113 de la Sala Constitucional quién claramente hizo ver que "...este Tribunal tiene acreditado según el estudio en Geología realizado que el proyecto de estación de gasolinera por ubicarse en el lugar descrito, que el sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto se ubica en una zona de alto riesgo de contaminación de acuíferos, y los materiales de la cobertura superficial presentan inestabilidad bajo condiciones de saturación", anulando la resolución RDGTCC-037-2006 de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAET.

Hacemos notar que una situación similar ocurrió con una estación ubicada en Carrizal de Alaljuela, ubicada esta a pocos metros de nacientes de agua, pese a contar con los permisos municipales. Y que en año 2010, en una zona industrial esta vez, la Sala Constitucional también anuló los permisos de construcción de una gasolinera en Alajuela ubicada cerca de Molinos de Costa Rica y ordenó al MINAET y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados (fallos 2010- 11 941 y el 2010-12261, respectivamente). De igual manera en relación a una estación de gasolina ubicada en Monteverde (fallo 2009-12667 de la Sala Constitucional).

Recientemente, nuestras organizaciones han sido informadas de que probablemente en Puente Mulas han aparecido trazas de hidrocarburos, producto de una estacion de servicio que tiene más de 6 años de clausurada, lo cual deja ver la extrema gravedad de un derrame de este tipo de actividades y de las fugas que se pueden dar.Adicionalmente, San Isidro de Heredia se ubica en una zona en la que la existencia confirmada de varias fallas sismicas deberían de limitar al máximo actividades industriales con alto riesgo.

Nuestras organizaciones hacen un vehemente llamado a la opinión pública costarricense para que se suspenda de inmediato este peligroso proyecto, habida cuenta que existen estaciones de servicios a menos de 8 km a la redonda en zonas aledañas. Y de igual manera, reiteramos a la población de San Isidro de Heredia que valoren debidamente los impactos de este actividad ante la falta de certeza cientifica en relación a la vulnerabilidad de la fuente de abastecimiento de la prinicipal fuente de agua del Valle Central, lo cual, al parecer, no fue objeto de una valoración por parte de sus autoridades municipales, quiénes otorgaron los permisos municipales.

En las dos fotos, se puede apreciar la intensidad de los trabajos de construcción iniciados en enero pasado (tomas del 9/2/2011)