La minería en América Latina: el ‘premio de montaña’ del libre comercio

El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas. Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible

El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.

En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex-presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.
El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.
Colombia, como país minero, es la máxima apuesta de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con la firma de los TLC. El objetivo es crear un marco jurídico de carácter supraconstitucional, para obtener jugosas ganancias a través de eliminar los requisitos de desempeño y brindarles Trato Nacional a las grandes compañías mineras. Además, abre las puertas para que podamos ser demandados por estas empresas en caso de que el Estado se interponga en sus intereses económicos o no logren obtener las utilidades esperadas en sus proyectos, caso en el que la nación tendría que indemnizarlos. Para ello ha entregado en concesión cinco millones de hectáreas y otras cinco están en proceso de titulación minera. Son 100.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que se entregan a los extranjeros, cinco veces más que todo El Salvador, o casi la totalidad del territorio hondureño.
Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible. En unos se comienzan a implementar con resultados positivos modelos de desarrollo y consumo diferentes al impuesto por el libre comercio. En otros, como el nuestro, hay un ascenso de los procesos que enfrentan la agresión causada por las transnacionales, en contravía de los intereses de comunidades, trabajadores y pequeños mineros.
Con esa naturaleza se creó recientemente la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Su objetivo es articular acciones y buscar la unidad de los sectores que están siendo agredidos y desplazados de sus actividades productivas y laborales por la ilimitada voracidad de las compañías mineras extranjeras, con la complicidad del gobierno nacional. Su avance irá evidenciando el creciente descontento de los sectores democráticos del país frente a este modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestras riquezas naturales sin beneficios para los nacionales. La derrota de la actual política minera dependerá de la unidad y movilización de la sociedad colombiana en torno a este objetivo común.
En el mismo sentido caminan los movimientos sociales en el resto del continente. En cada país se vienen constituyendo frentes y redes que confrontan los grandes proyectos mineros, sumados a esfuerzos latinoamericanos de unidad en torno a la gran minería transnacional, como el abierto en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos”, realizado entre el 20 y el 22 de abril en San Salvador. La Alianza Social Continental también se presenta como un espacio de articulación, apoyo e impulso de estas luchas.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, es indudable que la mejor alternativa para los intereses nacionales será la del candidato cuyo programa de gobierno manifieste sin ambigüedades su oposición al neoliberalismo y al saqueo de los recursos naturales, y plantee un modelo económico alternativo, que se aleje de Washington y se acerque a las verdaderas necesidades de las mayorías de sus habitantes. www.ecoportal.net
Cedetrabajo/Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca.
www.recalca.org.co/

TALA EN ZONA INALIENABLE DE SAN ISIDRO DE HEREDIA

PARALIZADA TALA EN ZONA INALIENABLE DE NORTE DE HEREDIA

El pasado viernes 23 de abril, el presidente de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, acompaño a funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de Heredia y de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, a realizar una inspección en una finca localizada en Calle Lajas de Santa Cecilia de San Isidro de Heredia (532099-225294), ante la denuncia que interpuso el primero sobre la tala que se estaba realizando en la zona inalienable creada por la ley 65 de 1888.

No obstante de tratarse de una plantación compuesta en su mayoría de árboles de cipreses, por lo que se cuenta con el permiso para el aprovechamiento además de tenerse su correspondiente certificados de origen, los funcionarios del MINAET ordenaron al maderero que paralizara cualquier actividad dentro de la finca incluyendo la tala, ya que al localizarse por medio de GPS las coordenadas donde se localizaba la tala, comprobaron que la misma está dentro de la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888.

Si bien ya se habían talado cientos de árboles se logró paralizar la tala de otros cientos gracias a la visión de nuestros antecesores del siglo diecinueve que declararon que gran parte de la zona norte de Heredia, debía mantenerse intocable para así proteger las fuentes de agua de los habitante de Heredia y Alajuela.

En la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia estamos concientes que hay intereses y presiones por qué no se aplique la Ley 65 de 1888 mientras se logra derogar o reformar ésta, por eso somos nosotros los habitantes del Valle Central que debemos exigir que no se de la derogatoria o reforma e igualmente exigir que se aplique esta ley y así hacerse respetar la voluntad del legislador del siglo XIX, como fue la de proteger las fuentes de agua de agua de más del 70% de los habitantes actuales y futuros del Valle Central.

Costa Rica dijo no a la minería

Manifestaciones en San Carlos y San José

Varios miles de personas se pronunciaron contra la minería de oro a cielo abierto en esta capital y en San Carlos, Región Huetar Norte, donde sería construido un proyecto de la transnacional canadiense Infinito Gold, respaldada directamente por el presidente Oscar Arias Sánchez.

En el Día de la Tierra, más de cinco mil ciudadanos protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia por haber rechazado un recurso de amparo a favor de la naturaleza y contra esa contaminante actividad minera.

Entre tanto, en Muelle de San Carlos, una comunidad en la ruta hacia Crucitas, a tres kilómetros del río San Juan, varios centenares de habitantes de la zona provocaron cierres intermitentes de la vía, que contó con el respaldo de los conductores de vehículos afectados.

En el mismo sitio, varios activistas se dedicaron a vender árboles de Almendro amarillo, nacidos en Crucitas de Cutris, donde Infinito Gold tiene programado extraer 700 mil onzas de oro en 10 años.

Los vecinos de la zona dijeron que con la venta de los arbolitos pretenden recaudar dinero para invertirlo en el mejoramiento del anterior camino público a esa comunidad.

Frente a la sede del Poder Judicial, más de cinco mil personas repudiaron la decisión de la Sala IV, celebraron el Día de la Tierra con música, pancartas y consignas contra la decisión de los magistrados constitucionalistas.

Por otra parte, más de 500 efectivos de la Fuerza Pública, con el apoyo de la policía judicial, empleados de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), entre otros, vigilaban de cerca la concentración y posterior marcha hacia el Parque Central.

El acceso a la llamada Plaza de la Justicia y a los tres edificios del primer Circuito Judicial estuvo cerrado, con la instalación de vallas y policías, dejando a los manifestantes en las calles y aceras.

Fuente: Carlos Salazar : http://www.elpais.cr/

Serious Environmental Lapses of the 2006-2010 Arias Administration

Oscar Arias Sanchez's 2006-2010 term will go down as a period of social polarization, including with respect to the environment. The decisive line followed from the start has been the benefit of a minority to the detriment of the majority. The government's environmental discourse in global forums, basing itself on the country's long record and historical commitment to the environment, is totally inconsistent with what it does domestically; this has led to a sharp retreat and possibly irreversible damage which will be paid by future as well as current generations.

As part of this sad legacy, and to keep us from forgetting it, the Grupo Llamado Urgente por el Pais and other organizations are bringing to public notice some of the most representative errors we are inheriting from this administration.

Expanded Pineapple Cultivation. It may come as a surprise to learn that in these four years the area planted to pineapples has expanded from 15,000 hectares (2004-2005) to more than 54,000 hectares (Agriculture Ministry data) – and possibly much more, if the agrarian census were updated. This growth has been sold as being beneficial to the country, increasing the number of jobs and development. In the pineapple areas, however, the opposite is true. Both land tenancy and produced wealth are concentrated in very few hands, while environmental damage, disease and plagues of flies hit all areas of society. Since July 2007, more than 6,000 people in Siquirres drink trucked-in water at a cost of US $27,000 per month, paid for by the A&A (national water company); and no complaints have been filed by institutions in defense of the principle "he who pollutes, pays" against the companies responsible for polluting the water tables with Bromacil and other toxic substances. While the government publicizes its campaign for massive tree plantings (mostly limited to exotic species planted in monocultures by lumber companies), aerial photographs of the pineapple expansion show the massive elimination of forested areas, even in protected river zones. In addition, for lack of good environmental practices, the activity has led to soil, surface and underground water contamination and other environmental impacts due to erosion and solid waste production. Sites like Cano Negro are bleeding to death with the utmost impunity.

Mining. The 2002 moratorium on mining for metals, issued by the Pacheco administration, had justification. Costa Rica was being flooded with mining company applications for exploiting the country's mineral resources, and the country had no legal, technical or environmental resources to deal with this issue. Even though little progress was made to correct this situation, the Arias administration lifted the moratorium in 2008, without consultation, opening a mining Pandora's box (which in the administration's last few days, after 90% of the public opposed the mining, it has tried to close, only days away from the February 2010 elections, but without issuing a n executive decree to that effect). Nevertheless, during this open period, the changed Crucitas strip mining proposal was given environmental feasibility and declared of national benefit, both of which were challenged, but within two days the Canadian mining company had swept away more than fifty hectares of forest in San Carlos. Today this mining project, the largest in Central America, is on hold thanks to 18 appeals filed on the grounds of unconstitutionality by social and environmental organizations in the country. The technical and legal debate during the Constitutional Chamber hearing of November 2009 – the most intense in the Chamber's entire history – clarified the consequences this decision could have for the country and its future. The country is facing an historic juncture. If this permit is granted, it would lead to a swarm of mining companies that would be hard to stop with the responsibilities acquired through CAFTA.

Chorotega Decree and Coastal Real Estate Development. Almost two years into the administration, Executive Decree No. 34456-MP-MIVAH-TUR-MINAE-COM was issued to "regulate" real estate development in a four kilometer-wide coastal strip in Guanacaste and the Cobano, Paquera and Lepanto region. The "justification" for the decree was to regulate in the absence of zoning plans and prohibit high-rise buildings in the 200 meters of maritime terrestrial zone. It does, however, allow buildings of up to four stories in this zone, and of up to nine stories in a land strip from one to four kilometers from the beach. Population densities of up to
90,000 people per square kilometer were set for urban development, without any environmental criteria. All of this at the cost of the forests, mangrove forests, protection areas, and watershed recharge areas and – worse yet – without guaranteeing basic services such as water or garbage collection. Fortunately, the real estate crisis in the United States put the brakes on real estate investment, keeping another decree similar to the one for Puntarenas from being issued. The danger is still latent, however, and the decree's intent will not be erased by history.

Water and Sardinal. During these four years the urgent Water Resource Act is still awaiting approval. It has obviously not been a government priority. Erroneous decisions have been made, however, that now require urgent corrective action. The case of Sardinal speaks for itself. Without consultation or the respective technical studies, the decision was imposed to extract water from the aquifer in the alluvial valley where the community of Sardinal is situated, in order to supply coastal real estate developments in Playa Hermosa and Playas del Coco in the Carrillo canton. This was a clear example of a lack of natural resource and land use planning and zoning. The administration, after investing in and initiating construction of the aqueduct, and after seeking technical justification by pressuring certain institutions such as SENARA and the Water Department, had to halt work by order of the Constitutional Chamber. These works can be seen today as a living example of how things should not be done in this country. The inauguration in September 2009 of Hotel Riu in Playa Matapalo, with its 701 rooms in a semi-arid area lacking sufficient water for the communities, has probably exacerbated tempers even more.

Baulas and Protected Zones. This administration has tried to open up real estate development in the Playa Grande area bordering the Las Baulas National Marine Park, where one of the world's premier sites for leatherback turtle nesting is found. Various means have been used to achieve this goal, including an attempt to pass a law for reducing the national park’s status to wildlife refuge, under the pretext that funds are lacking for paying for expropriations. Ignoring the technical and legal position of various institutions, it has maintained its stand of declassifying the national park to benefit real estate development in buffer zone, qualified hydrologically as extremely vulnerable. The tactics of manipulating public opinion recently employed by Minister Jorge Rodriguez are aimed at making people believe that "there are hundreds of families living in protected areas" and that "these protected areas were created in previously established communities which are part of that sustainable environmental, social and economic balance", so "eviction would generate serious social problems." The Baulas case, with its national park classification, is not part of this debate. Added to this attempt are a series of executive decrees issued by this administration for reducing or eliminating various protected areas. The Arias administration is the first in many years that has not created a new national park, evidence of the "forgetting" of the signed commitments made to the world in the Biological Diversity Convention for creating new protected areas and strengthening the national system for safeguarding critically endangered biodiversity. The administration has also been found wanting on the issue of protected marine areas, as well, and has irresponsibly ignored the problem of shark finning.

Competitiveness and SETENA. One of the main duties of the Competitiveness Minister (without portfolio) was to reinforce and modernize the SETENA, the institution charged with granting environmental feasibility to new investment projects by means of a highly technical, impartial environmental impact study. Thus, an organization for maximum deconcentration, whose independent criteria should be free of any political influence, was placed under the "support" and "care" of the Minister of Competitiveness. It is not surprising that environmental feasibility for a project such as Crucitas was granted in just six weeks, while projects of lesser impact sometimes have to wait months for approval. Neither is it strange that the Mixed Commission, which enjoys broad social participation and the technical advisory of SETENA, has not been convoked to deal with procedures throughout most of this administration. Finally, even less surprising is why SETENA has issued new procedures by decree in these last two years, arbitrarily and without consultation – some of which are even illegal.

With two executive decrees, various articles of the Biodiversity Act (BA)
have been modified. In desperation to meet the final wishes of the U.S. government in order to "certify" for the CAFTA, the Arias administration modified Articles 78.6 and 80 of the BA in December 2008. The "interpretation" of Article 78.6 allows for inventions directly deriving from the traditional knowledge of indigenous peoples or farm communities to be patented, to the obvious benefit of biotechnological and pharmaceutical companies. The modification to Article 80 eliminates the binding nature of the well-founded opposition of the National Commission for Biodiversity Management (CONAGEBIO) against patent applications for elements of Costa Rican biodiversity that violate the objectives of the Biological Diversity Convention. The change means that the only reason the CONAGEBIO can now oppose an application is for violation of patent law. These executive decrees were issued without consulting anyone – not even the indigenous peoples, as required by ILO Convention 169, or CONAGEBIO, whose powers have been reduced. Both decrees have been challenged in the Constitutional Chamber, which has recently agreed to study them.

Decree for Opening up the Containing Circle. In February of this year, the administration continued its task, issuing an executive decree opening up to intensive urbanization a strip of up to 200 meters in the containing circle of the Greater Metropolitan Area, leaving highly and extremely highly environmentally fragile areas exposed to urban development, under the pretext that there was no area for development within the containing circle, and justifying it with the environmental feasibility of the PRUGAM. It intends, however, to urbanize new, highly fragile areas, putting their future inhabitants at risk, while there are more than 9,000 hectares for urbanizing within the Greater Metropolitan Area and it would have been much simpler to approve the PRUGAM plan. What lies behind this decree will have to be debated before the Constitutional Court, which has admitted an appeal on the grounds of unconstitutionality and has suspended enforcement until a ruling is handed down. Likewise, explanations are still pending for noncompliance with a 2008 ruling requiring a marking off of the protection area decreed in Decree-Law 65 of 1888 (which declared much of the mountains in northern Heredia and part of Alajuela as inalienable) – and where today there is real estate development underway.

In Closing. During these last few weeks, a series of executive decrees have been prepared or are under preparation following this same line, which, when issued, will finish tarnishing the environmental image of the current Arias Sanchez administration. Decrees such as those of the landscape and communication towers or the one for changing the method of introducing the environmental variable in zoning plans, despite the fact that more than 50 municipal governments have used it or are using it, are just a few more mistaken ideas the executive branch is urgently promoting. It is also pressuring its outgoing legislators to speed through Congress and approve before May 8 the ill-starred marine law and maritime terrestrial zone law amendment (which would grant rights in perpetuity to large international tourism transnationals in our coastal areas, as has already been done in Papagayo).

It is exceedingly strange that the President, in inaugurating the judicial year, should warn all the country's magistrates, stating, "I don't know if the judicial branch members lose any sleep over the investments Costa Rica loses because of the volatility of some of their decisions affecting our economy, but I do," when it is the reckless, "volatile" executive decrees issued during his administration, without consultation and lacking in technical criteria, that have led to the current situation. All, without exception, have ended up in the higher courts, which have been called upon to contain this unprecedented assault on nature over these four years.

To sum up, we can say, without fear of being mistaken, that the refrain of the 2006-2010 Arias administration with respect to the environment has been "deeds are worth more that words." In this case, some of the deeds laid out here – among many others – are worth much more than the pretty words in the presidential speeches on "Peace with Nature"

Llamado Urgente por el País, Costa Rican Federation of Environmental Organizations (FECON) Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo, Association of La Ceiba Ecological Communities (COECOCEIBA), Center for Natural Resources and Environmental Law (CEDARENA) Coope – SoliDar R.L, Association for Social Ecology (AESO) Oilwatch Costa Rica, Confraternidad Guanacasteca, Central American Water Action Network (FANCA), Central American Regional Association for Water and the Environment (ARCA), Fundación Opinión Ambiental, Justicia para la Naturaleza, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia Bosques Nuestros, Sea Turtle Restoration Program (PRETOMA), Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Terra Nostra, Asociación Ambientalista de Siquirres Asociación de Estudiantes de Derecho (Faculty of Law,UCR) Costa Rican Academy of Environmental Law (A.D.A) Asociación Proyecto Alternativos (PROAL), Friends of the Pacuare River, Union for Life (UNOVIDA), APREFLOFAS.

GRAVES DESACIERTOS AMBIENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN ARIAS 2006-2010

El período 2006 – 2010 de la administración Oscar Arias Sánchez será recordado como un período de polarización de la sociedad, incluyendo el tema ambiental. Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.

Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración.

La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan. Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio "el que contamina paga" contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos con bromacil y otras sustancias tóxicas. Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.

Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales, técnicos y ambientales para atender esta problemática. A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto). No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país. El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.

Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE - COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de la región de Cóbano, Paquera y Lepanto. El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado. Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.

El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales. El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos.

Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema. Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”. El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico. En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.

Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.

Con dos decretos ejecutivos se modifican sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC, la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB. La “interpretación” del Art. 78.6 permite que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80 elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes. Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie, ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades. Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.

Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.

Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.

Extraña sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles "No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, "volátil" y adoleciendo de criterios técnicos, los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.

En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 - 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.

Llamado Urgente por el País, Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON), Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo, Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA), Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA), Coope – SoliDar R.L., Asociación de Ecología Social (AESO), Oilwatch Costa Rica,Confraternidad Guanacasteca, Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), Fundación Opinión Ambiental, Justicia para la Naturaleza, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, Bosques Nuestros, Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Terra Nostra, Asociación Ambientalista de Siquirres, Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR), Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A), Asociación Proyecto Alternativos (PROAL)
Amigos del Río Pacuare, Union por la Vida (UNOVIDA), APREFLOFAS