martes, 13 de julio de 2010

CIUDADANOS DE SAN RAFAEL DE HEREDIA PIDEN PROTECCIÓN DE ÁREAS DE RECARGA ACUÍFERA


Varios ciudadanos de San Rafael de Heredia, se hicieron presentes este lunes 12 de julio a la sesión del Concejo Municipal, ha presentar un escrito con más de 550 firmas, sobre todo de vecinos de Concepción, ha solicitar a los regidores que los permisos de construcción en ese cantón, se otorguen tomando en cuenta la protección de los recursos hídricos existentes en la zona.

Solicitaron que no deben establecerse en su cantón, sobre todo en las partes altas, proyectos urbanísticos, de condominio y habitacionales de alta densidad o concentración humana, por el grave riesgo de contaminación que generaría a los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y por qué proyectos de esas características, llevarían a una permeabilización del suelo con la consiguiente disminución en la recarga acuífera.
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Le hicieron saber a los regidores que a las corporaciones municipales les corresponde la tarea de proteger y conservar las aguas subterráneas que existen dentro de sus respectivas jurisdicciones, para lo cual disponen de una serie de instrumentos que así lo determinan, tales como la Constitución Política, Ley de Planificación Urbana, El Plan Regulador del Gran Área Metropolitana, el Decreto Municipal Para la Protección de las Micro Cuencas de Heredia, las recomendaciones de SENARA, los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, etc.

También les recordaron a los regidores, que las municipalidades del país donde cuenten en su jurisdicción terrenos que alberguen mantos acuíferos, áreas de recarga y descarga de éstos, manantiales y nacientes están obligadas en aras del respeto a los derechos constitucionales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la vida, a la salud y en aras de un desarrollo sostenible, a regular y normar, responsablemente, eficientemente y eficazmente, tales extremos, puesto que la importancia se ve sustentada en tanto no en pocas ocasiones las aguas subterráneas no solo proveen el consumo y uso de las poblaciones del cantón, si no a diversos cantones, lo que demuestra que existe un claro interés supra local o nacional.

Por último les hicieron saber que la Sala Constitucional había fallado en varias ocasiones en contra de los regidores y el Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, por violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado establecido en el artículo 50 constitucional. Ejemplo de lo anterior es el voto Nº 2008-010371 de junio del 2008 donde los magistrados le ordenaron a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, retrotraer los procedimientos y revisar nuevamente el proyecto Condominio Horizontal Residencial La Inmaculada a fin de que, en caso de que proceda otorgar el permiso de construcción, cumpliendo las recomendaciones dadas por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento respecto a cabida de lotes y densidad por hectárea, así como las brindadas por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ello en aplicación del principio precautorio y en aras de proteger los acuíferos del lugar

La misiva de los cientos de vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia y de otros distritos que firmaron la petición se emite para dar una advertencia a los regidores en que no permitirán el desarrollo de proyectos de alta densidad humana que se podrían estar dando en un futuro inmediato en el cantón de San Rafael de Heredia, cantón que se caracteriza por ser de recarga acuífera y de una vulnerabilidad hidrogeológica media a alta, donde no se permite el desarrollo de urbanizaciones de alta densidad, tampoco fraccionamientos, lotificaciones o segregaciones agropecuarias que pongan en peligro los recursos hídricos, esto según los hidrogeólogos del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA).

Los vecinos le hicieron saber a los regidores que como instrumento de protección del recurso hídrico, SENARA elaboró la Matriz de Uso del Suelo para la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos Para la Protección del Recurso Hídrico para su aplicación en todo el país, donde se establece una serie de restricciones constructivas dependiendo del tipo de vulnerabilidad hidrogeológica. Así tenemos por ejemplo que urbanizaciones o condominios sin alcantarillado y sin planta de tratamiento si la zona es de alta vulnerabilidad, se permiten con densidades inferiores a 25 habitantes por hectárea o lotes de 2000 metros cuadrados, con una impermeabilización por hectárea no mayor al 20%. En zonas de media vulnerabilidad sólo se permiten en densidades inferiores a 75 habitantes por hectárea o lotes de 650 metros cuadrados con un área de impermeabilización por hectárea que no sobrepase el 30%.

Se le hizo saber a los regidores que las recomendaciones técnicas de SENARA son vinculantes y de acatamiento obligatorio, dentro de los procesos de autorizaciones o licencias gestionadas por particulares o usuarios ante las instituciones, integrantes de la Administración Pública, de no serlo así, contravendría dichos Entes el principio de legalidad establecido en la Ley General de la Administración Pública e invisibilizarían la labor desempeñada por esta institución, en demérito de las atribuciones y cometidos señalados y establecidos por ley.

La Sala Constitucional de la República en una resolución del 2008 (12109-08) llamó la atención a la Municipalidad de San Rafael y otras del Valle Central por no aplicar la Matriz de Uso del Suelo para la Vulnerabilidad dentro de sus políticas de ordenamiento territorial.

jueves, 29 de abril de 2010

La minería en América Latina: el ‘premio de montaña’ del libre comercio

El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas. Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible

El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.

En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex-presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.
El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.
Colombia, como país minero, es la máxima apuesta de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con la firma de los TLC. El objetivo es crear un marco jurídico de carácter supraconstitucional, para obtener jugosas ganancias a través de eliminar los requisitos de desempeño y brindarles Trato Nacional a las grandes compañías mineras. Además, abre las puertas para que podamos ser demandados por estas empresas en caso de que el Estado se interponga en sus intereses económicos o no logren obtener las utilidades esperadas en sus proyectos, caso en el que la nación tendría que indemnizarlos. Para ello ha entregado en concesión cinco millones de hectáreas y otras cinco están en proceso de titulación minera. Son 100.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que se entregan a los extranjeros, cinco veces más que todo El Salvador, o casi la totalidad del territorio hondureño.
Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible. En unos se comienzan a implementar con resultados positivos modelos de desarrollo y consumo diferentes al impuesto por el libre comercio. En otros, como el nuestro, hay un ascenso de los procesos que enfrentan la agresión causada por las transnacionales, en contravía de los intereses de comunidades, trabajadores y pequeños mineros.
Con esa naturaleza se creó recientemente la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Su objetivo es articular acciones y buscar la unidad de los sectores que están siendo agredidos y desplazados de sus actividades productivas y laborales por la ilimitada voracidad de las compañías mineras extranjeras, con la complicidad del gobierno nacional. Su avance irá evidenciando el creciente descontento de los sectores democráticos del país frente a este modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestras riquezas naturales sin beneficios para los nacionales. La derrota de la actual política minera dependerá de la unidad y movilización de la sociedad colombiana en torno a este objetivo común.
En el mismo sentido caminan los movimientos sociales en el resto del continente. En cada país se vienen constituyendo frentes y redes que confrontan los grandes proyectos mineros, sumados a esfuerzos latinoamericanos de unidad en torno a la gran minería transnacional, como el abierto en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos”, realizado entre el 20 y el 22 de abril en San Salvador. La Alianza Social Continental también se presenta como un espacio de articulación, apoyo e impulso de estas luchas.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, es indudable que la mejor alternativa para los intereses nacionales será la del candidato cuyo programa de gobierno manifieste sin ambigüedades su oposición al neoliberalismo y al saqueo de los recursos naturales, y plantee un modelo económico alternativo, que se aleje de Washington y se acerque a las verdaderas necesidades de las mayorías de sus habitantes. www.ecoportal.net
Cedetrabajo/Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca.
www.recalca.org.co/

martes, 27 de abril de 2010

TALA EN ZONA INALIENABLE DE SAN ISIDRO DE HEREDIA


PARALIZADA TALA EN ZONA INALIENABLE DE NORTE DE HEREDIA

El pasado viernes 23 de abril, el presidente de la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, acompaño a funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de Heredia y de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, a realizar una inspección en una finca localizada en Calle Lajas de Santa Cecilia de San Isidro de Heredia (532099-225294), ante la denuncia que interpuso el primero sobre la tala que se estaba realizando en la zona inalienable creada por la ley 65 de 1888.

No obstante de tratarse de una plantación compuesta en su mayoría de árboles de cipreses, por lo que se cuenta con el permiso para el aprovechamiento además de tenerse su correspondiente certificados de origen, los funcionarios del MINAET ordenaron al maderero que paralizara cualquier actividad dentro de la finca incluyendo la tala, ya que al localizarse por medio de GPS las coordenadas donde se localizaba la tala, comprobaron que la misma está dentro de la zona inalienable creada por la Ley 65 de 1888.

Si bien ya se habían talado cientos de árboles se logró paralizar la tala de otros cientos gracias a la visión de nuestros antecesores del siglo diecinueve que declararon que gran parte de la zona norte de Heredia, debía mantenerse intocable para así proteger las fuentes de agua de los habitante de Heredia y Alajuela.

En la Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia estamos concientes que hay intereses y presiones por qué no se aplique la Ley 65 de 1888 mientras se logra derogar o reformar ésta, por eso somos nosotros los habitantes del Valle Central que debemos exigir que no se de la derogatoria o reforma e igualmente exigir que se aplique esta ley y así hacerse respetar la voluntad del legislador del siglo XIX, como fue la de proteger las fuentes de agua de agua de más del 70% de los habitantes actuales y futuros del Valle Central.

viernes, 23 de abril de 2010

Costa Rica dijo no a la minería



Manifestaciones en San Carlos y San José

Varios miles de personas se pronunciaron contra la minería de oro a cielo abierto en esta capital y en San Carlos, Región Huetar Norte, donde sería construido un proyecto de la transnacional canadiense Infinito Gold, respaldada directamente por el presidente Oscar Arias Sánchez.

En el Día de la Tierra, más de cinco mil ciudadanos protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia por haber rechazado un recurso de amparo a favor de la naturaleza y contra esa contaminante actividad minera.

Entre tanto, en Muelle de San Carlos, una comunidad en la ruta hacia Crucitas, a tres kilómetros del río San Juan, varios centenares de habitantes de la zona provocaron cierres intermitentes de la vía, que contó con el respaldo de los conductores de vehículos afectados.

En el mismo sitio, varios activistas se dedicaron a vender árboles de Almendro amarillo, nacidos en Crucitas de Cutris, donde Infinito Gold tiene programado extraer 700 mil onzas de oro en 10 años.

Los vecinos de la zona dijeron que con la venta de los arbolitos pretenden recaudar dinero para invertirlo en el mejoramiento del anterior camino público a esa comunidad.

Frente a la sede del Poder Judicial, más de cinco mil personas repudiaron la decisión de la Sala IV, celebraron el Día de la Tierra con música, pancartas y consignas contra la decisión de los magistrados constitucionalistas.

Por otra parte, más de 500 efectivos de la Fuerza Pública, con el apoyo de la policía judicial, empleados de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), entre otros, vigilaban de cerca la concentración y posterior marcha hacia el Parque Central.

El acceso a la llamada Plaza de la Justicia y a los tres edificios del primer Circuito Judicial estuvo cerrado, con la instalación de vallas y policías, dejando a los manifestantes en las calles y aceras.

Fuente: Carlos Salazar : http://www.elpais.cr/