Carta Abierta al Señor Presidente Carlos Alvarado y a Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Estimado Señor Presidente y estimados Señoras y Señores Diputados.

Los integrantes de los colectivos ciudadanos de San Rafael de Heredia, CONCEVERDE Y DEFENSA FORESTAL, no dejamos de sorprendernos ante las profundas contradicciones que muestra la actual coyuntura mundial de alarma ante el cambio climático.

Como país, si bien podemos registrar desde el siglo XIX el interés de los costarricenses por proteger el ambiente, avances dignos de satisfacción y orgullo nacional, ejemplos la Ley 65 de junio de 1888 que declaró inalienables miles de hectáreas con la intención de proteger el agua de los habitantes del Valle Central, o la creación de los Parques Nacionales, ciertamente hay muchas acciones y hechos de total actualidad que indignan al ciudadano ligeramente informado de lo que sucede en su entorno.

El galardón dado por Naciones Unidas a Costa Rica como “Campeones de la Tierra” (máxima distinción de tal organismo mundial a la labor ambiental), el discurso del Presidente Carlos Alvarado en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas y la alocución en redes del Ministro de Ambiente sobre la autoridad moral de Costa Rica en materia ambiental, puede llevar a algunos ciudadanos a enorgullecerse de la Costa Rica Verde, pero no son más que proclamas que pretenden esconder realidades de desastre y amenaza ambiental absolutamente actuales y en marcha no consecuente con la imagen que a nivel mundial se nos está dando. Esa posición de declarar verdades a medias es deshonesta, oportunista y engañosa.


Para nosotros, los que suscribimos la presente nota, no es prioridad el ranking mundial en materia ambiental; prioridad es que la política ambiental del país sea coherente con el derecho de las y los costarricenses a la vida, la salud, y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal y como lo establece la Constitución Política de la República.

Los instrumentos de política que se traducen en normas legales o decretos ejecutivos, deben atender al bien común y no responder, como está sucediendo actualmente, a la presión de poderes económicos fácticos.

Denunciamos a continuación, algunos eventos y acciones de política que no coinciden con el discurso triunfalista ante Naciones Unidas, y que nos obligan a demandar de los funcionarios públicos, especialmente de Usted como Presidente y de las y los señores Diputados, un cambio de rumbo y un compromiso innegociable con el ambiente y el patrimonio natural; y a nosotros como ciudadanos y ciudadanas a persistir como movimiento social de defensa ambiental, con una fiscalización permanente de sus actuaciones, y denuncia de aquello que consideremos una violación al derecho de los costarricenses a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que proteja y garantice una mejor calidad de vida presente y futura. Hoy en día intereses económicos de las grandes corporaciones se imponen con mucha frecuencia sobre los intereses de bienestar social del ciudadano común. Le señalamos sólo algunas de estas amenazas al bienestar de los costarricenses. 

1. Desprotección de acuíferos. Maniobras políticas derivadas de la presión de constructores, sobre todo de la Cámara Costarricense de la Construcción, para hacer desaparecer o anular la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA, sustituyendo en la práctica ese instrumento por un decreto ejecutivo (Reglamento de Coordinación Interinstitucional Para la Protección de Recursos Hídricos Subterráneos), que no es más que el traslado de las competencias que hoy tiene SENARA para la protección del agua, sobre todo de los acuíferos, a entes que a lo largo del tiempo, han respondido más a intereses políticos y económicos que al bien común, como muchas de las municipalidades, SETENA, Dirección de Aguas, MINAE, INVU, etc. poniendo por tanto en peligro la principal fuente de agua que tenemos los costarricenses, como son los acuíferos. La amenaza de una privatización de los servicios de agua es latente. (Léase: http://www.mag.go.cr/acerca_del_mag/estructura/oficinas/Legal/REGLAMENTO-DE-COORDINACIO%C3%ACN-INTERINSTITUCIONAL-PARA-LA-PROTECCIO%C3%ACN-DE-LOS-RECURSOS-HI%C3%ACDRICOS-SUBTERRA%C3%ACNEOS-.pdf ).

2. Ley Forestal. Desacato o desobediencia de los diputados a una orden judicial, en el caso de la resolución Nº 2007-003923 de las quince horas y dos minutos del veintiuno de marzo de 2007 , que les ordenó reformar el artículo 28 de la Ley Forestal, en el sentido que se establezcan medidas precautorias antes de talar cualquier árbol, nativo o no, que juegue un papel ambiental importante, para así no violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política.. (Léase: https://es.scribd.com/document/85506555/RESOLUCION-FINAL-accion-inconst).

3. Agroquímicos. La falta de acciones concretas y efectivas para regular, restringir o prohibir agro químicos que han mostrado efectos nocivos e irreversibles para los seres vivos, por lo tanto para los humanos, como son los derivados del glifosato, sustancia considerada por parte de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial para la Salud, como de una alta probabilidad de ser cancerígena. A pesar de los múltiples estudios que demuestran la nocividad del uso excesivo de agroquímicos “Costa Rica continúa como uno de los países de la región centroamericana con los mayores índices de uso de plaguicidas” (Léase: http://www.iret.una.ac.cr/Publicaciones/06-0002.pdf). 

4. Cultivos de piña: La falta de acciones efectivas y concretas que lleven a detener la expansión piñera y revertir el daño que produce en bosques, recurso hídrico, seres vivos, etc. Estudios recientes afirman que: “La expansión piñera está lejos de ser una actividad que genere bienestar y riqueza para Costa Rica. Aunque es una actividad rentable y económicamente viable, consigue esa rentabilidad a costa de los recursos humanos y ambientales del país”. (Léase:https://semanariouniversidad.com/pais/trabajadores-la-pina-viven-clima-explotacion-laboral/.

5. Minería a cielo abierto: El intento en la Asamblea Legislativa, vía proyecto de “Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica” (expediente No. 21.584), de derogar la Ley que declaró a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto. La desidia estatal para tomar acciones concretas y definitivas que lleven a detener la explotación ilegal de oro en Crucitas, lo cual ha llevado a que se continué impactando el recurso hídrico y el ambiente en general. (Léase: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2019/10/08/ALCA218_08_10_2019.pdf).

6. Parques Nacionales: El descuido de las áreas silvestres protegidas, incluidos Parques Nacionales, denunciado por guarda parques y que es resultado principalmente del recorte del presupuesto a las instituciones encargadas de velar por las mismas, que demuestra la falta de interés del gobierno por la protección del ambiente. Al mismo tiempo que se discute en la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley (expediente 20.407) que abriría zonas naturales protegidas estatales a concesiones y usos particulares, poniendo en riesgo la conservación, que es su principal razón de ser. (Léase: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/10/ALCA167_10_07_2017.pdf). 

7. Pozos ilegales: El Decreto No. 41851-MP-MINAE-MAG que legaliza los pozos perforados sin permiso antes del 2010, Esta medida aplica para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado ( no para pozos artesanales, de uso doméstico o menores a los 20 metros, que ya están exentos de Registro) por lo que no es más que tolerar y perdonar una actividad que se llevó a cabo ilegalmente y que conlleva a la extracción ilegal de agua subterránea de acuíferos, acercándonos más a la sobre explotación y posible contaminación de estos.  (Léase:http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89272&nValor3=117126&strTipM=TC.

Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados: Por todos estos motivos y muchos otros que sería extenso detallar, y con el respeto que ustedes se merecen, aunque sabiendo que justamente a ustedes entregamos nuestra confianza de un buen gobierno al servicio de todos los costarricenses, exigimos actúen consecuentemente a la crisis planetaria que hoy vivimos, a la imagen “Verde” que el Señor Presidente y su Ministro de Ambiente han hecho pública muchas veces y en especial con motivo de la última reunión en la Organización de las Naciones Unidas y de la PreCOP25 CR.

Exigimos, ahora, cuando aún hay tiempo, acciones y legislaciones que protejan el futuro de nuestros hijos, que no se vendan a quienes pagan la publicidad de sus campañas políticas, sino que se entreguen al mandato de la ciudadanía que paga sus salarios y pagará sus pensiones y a la responsabilidad que tienen de resguardarnos. En los discursos oficiales son muchas las palabras, necesitamos acciones coherentes y no regresivas, necesitamos que Costa Rica deje de lucir un maquillaje Verde, y desnude un Verde real.

San Rafael de Heredia, 10 de octubre del 2019.

DEFENSA FORESTAL:
Correo: defensaforestal.cr@gmail.com Anavictoria.molina@gmail.com 

CONCEVERDE:
Correo: conceverde@gmail.com 

Las siguientes organizaciones, por este medio manifestamos suscribir en todo,  la anterior “Carta Abierta al Señor Presidente Carlos Alvarado y a Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica”.:

- Red nacional de arte y gestión cultural comunitaria, GuanaRED.

- Frente Ecologista Universitario, FECOU

- Handmaids Costa Rica

- Hablemos de Derechos Humanos

- La Cadejos, Comunicación Feminista
- FUPROVIRENA
- YARCA RED AMBIENTAL
- Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de  Heredia
- Yiski

AGUA A CAMBIO DE IMPUESTOS. DESCARO DEL GOBIERNO DEL BICENTENARIO

“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.
La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo. 
Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).
En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html). 
En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general. 
Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA. 
Como los ataques ejercidos por empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo. 
Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental. 
Pero el descaro del gobierno de Carlos Alvarado y  de los empresarios es tanto, qué como se señala en el primer párrafo de esta nota,  a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país. 
Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.

DE NUEVO ATACAN INSTRUMENTO DE PROTECCION DEL RECURSO HÍDRICO

Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso Del Suelo Según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.

Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.
Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa , los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.

Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.

En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA.                                                           En el el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.

El año pasado,  cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.

Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.

Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.

Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.

Como resultado  de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación  de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.

Si bien lo anterior, fue escrito en febrero del 2018,  lamentablemente por haber en cierto modo tenido éxito el ataque de las cámaras de empresarios a la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, gracias  al gobierno de Carlos Alvarado, la denuncia no ha dejado de tener relevancia y por el contrario tiene más fuerza hoy en julio del 2019.  Y es que el actual gobierno,  ha suspendido la aplicación  de ese instrumento de protección del agua,  sin sustentarse en criterios técnicos de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica  (DIGH) del SENARA, como corresponde legalmente, sino por una decisión puramente política  y beneficio de un sector económico empresarial, así complaciendo a las cámaras de empresarios que por años llevan luchando contra la Matriz. En el colectivo CONCEVERDE no nos extraña la decisión del gobierno y su complacencia con los empresarios, aún en detrimento del recurso hídrico, en tanto en el período electoral, la que hoy es Primera Dama, ya había manifestado públicamente aversión a la Matriz del SENARA, sin consulta alguna a la DIGH del SENARA, como nos lo hizo saber 4 días antes de las elecciones, comprometiéndose en ese entonces, a reunirse con los funcionarios de la DIGH, lo cual a la fecha no ha hecho.